La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) presentó una queja ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Economía (SE) ante hechos posiblemente constitutivos de abuso de autoridad del director de Manifestación de Impacto Regulatorio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), quien eximió del proceso de mejora regulatoria obligado por la ley al “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” el pasado 15 de mayo de 2020, en violación de la Ley General de Mejora Regulatoria.

La CONCAMIN recordó que el 12 de mayo la Secretaría de Gobernación rechazó la publicación del Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación dado que la Secretaría de Energía pretendió publicarlo sin seguir el procedimiento correspondiente e indicó que, “la emisión del acuerdo podría tener implicaciones para los integrantes de la industria eléctrica que afectan o pueden afectar los derechos, prestaciones y obligaciones de los integrantes de la industria eléctrica, lo que representa posibles costos de cumplimiento”.

Señaló que la publicación del Acuerdo de SENER constituye la segunda ocasión en que la CONAMER permite ilegalmente la alteración unilateral del marco legal del sector energético, privando a los participantes de la industria de manifestarse y opinar en relación con los costos y beneficios de los instrumentos regulatorios.

«Anteriormente, CONAMER permitió la publicación del Acuerdo por el cuál se modificó, en beneficio de Comisión Federal de Electricidad (CFE), los Lineamientos para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (CELs), sin cumplir con el proceso de mejora regulatoria al que obliga la ley, el cual mandata, entre otros aspectos, la realización de un análisis costo-beneficio y de una consulta pública lo que obligó a impugnarlo judicialmente. Una serie de jueces federales han otorgado suspensiones definitivas contra la aplicación de este acuerdo a partir de consideraciones de derechos de terceros, incluyendo el derecho a un medio ambiente sano.

«Lamentablemente, estos no parecen ser hechos aislados. Los cambios a los acuerdos de los CELs y de la “Política” de Confiabilidad son dos de las exigencias que manifestó la CFE en el Pliego Petitorio que envió a la Comisión Reguladora de Energía. En conjunto, estas medidas afectan la competencia en el sector eléctrico, fomentan la generación de electricidad con centrales poco eficientes y sucias y propiciarán un incremento en las tarifas eléctricas en perjuicio de la competitividad de todas las empresas del país», manifestó.

Agregó que Manuel Bartlett, director general de la CFE, ha señalado en distintas entrevistas (Bloomberg: Mexico Power Utility Demands Immediate Price Hike for Rivals) su exigencia de un aumento inmediato en las tarifas de transmisión y distribución para todos los generadores del mercado que aumentarán el costo de la energía para todas las empresas en el país. De seguir la misma vía procesal ilegal recorrida por la autoridad en los casos anteriores, implicaría severas violaciones al marco jurídico que nuevamente pondrían en entredicho el cumplimiento del marco jurídico vigente, incluyendo la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.

«CONCAMIN defenderá los derechos de pequeños, medianos y grandes consumidores industriales de electricidad. Esto incluye impedir la entrada en vigor de acuerdos y decretos que violen el marco jurídico vigente y denunciar cualquier presunta responsabilidad administrativa individual en cualquier caso en el que algún funcionario abuse de su autoridad», concluyó.