La evasión fiscal por contrabando técnico de combustibles en México alcanzó una pérdida de 809,324 millones de pesos (45,000 millones de dólares) entre 2018 y 2024, según estimaciones recientes —casi el doble del costo de la refinería de Dos Bocas . Esta forma sofisticada de fraude, conocida como huachicol fiscal, representa alrededor del 30 % del combustible vendido en el país .
Desde 2019, la cancelación de permisos privados de importación benefició a Pemex, y paralelamente se descontroló el autoconsumo empresarial sin permisos regulatorios. Se estima que existen más de 20,000 sistemas de autoconsumo, pero solo 350 están formalmente registrados . Gran parte del combustible consumido bajo esta figura no está regulado ni gravado fiscalmente, lo que alimenta el mercado ilegal.
Operativos recientes han incautado decenas de millones de litros de combustible ilegal, pero expertos advierten que estos decomisos no atacan las raíces del problema. Es urgente implementar precios legales competitivos y campañas que expongan los daños del combustible ilegal, junto con una supervisión estricta en aduanas donde la corrupción facilita su ingreso .
Controles volumétricos: trazabilidad fiscal obligatoria
Los controles volumétricos son sistemas electrónicos que miden, registran y reportan en tiempo real los volúmenes operados por autoconsumidores y distribuidores. Desde enero de 2025, están obligados a implementarlos quienes manejen o almacenen más de 75,714 litros mensuales, incluso sin permisos de CRE o SENER. Estos registros deben ser reportados al SAT, junto con comprobantes fiscales y pedimentos, lo que permite auditar y rastrear cada litro movido.
La adopción de controles volumétricos elevó la recaudación fiscal hasta un 15 %, al detectar irregularidades como software de registro manipulado o ventas con litros incompletos. En 2024 se controlaron más de 13 mil millones de litros mediante estos sistemas.
La normativa fiscal establece sanciones severas: desde multas de hasta 5.6 millones de pesos, clausura temporal de operaciones, hasta penas de hasta ocho años de prisión por falsear registros.
Dado que el huachicol fiscal equivale a 20 mil millones de dólares, el uso extensivo de controles volumétricos —junto con precios competitivos oficiales, rastreo desde aduanas, campañas informativas y depuración institucional— se presenta como la única estrategia integral viable para cerrar este hueco fiscal.
