El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT), asumirá la gestión de Altán Redes. Este cambio tiene como objetivo llevar internet a un mayor número de mexicanos durante la próxima administración de Claudia Sheinbaum.

En 2021, el gobierno federal ayudó a Altán Redes a salir de su concurso mercantil mediante una inversión de 161 millones de dólares por parte de la banca de desarrollo, buscando así fomentar una colaboración en la reducción de la brecha digital en el país.

Desde 2022, CFE Telecomunicaciones ha sido un aliado importante de Altán en la expansión de su red. Las empresas acordaron que CFE TEIT desplegaría torres y fibra óptica, lo que implicaba una inversión de 30,000 millones de pesos, mientras que la Red Compartida utilizaría esta infraestructura.

Carlos Lerma, CEO de Altán, mencionó que la alianza incluía un acuerdo de compartición de ingresos, donde las ganancias del arrendamiento de la infraestructura serían distribuidas entre ambas partes. Sin embargo, el nuevo papel de CFE TEIT como gestor podría modificar este pacto.

Según información de CFE TEIT, hasta enero de 2023 se habían instalado 4,177 torres, con una inversión de aproximadamente 6,146 millones de pesos, representando casi el total del presupuesto asignado en 2022.

López Obrador reconoció que, aunque no se alcanzará la meta de ofrecer conectividad a todos los mexicanos en los próximos meses, se espera que al menos el 90% de la población tenga acceso a servicios de telecomunicaciones.

En 2023, 97 millones de mexicanos tenían acceso a internet, aunque el 18.8% de la población aún no cuenta con este servicio, según la Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

El presidente afirmó que la próxima administración será responsable de la continuidad del sistema de comunicación. Especialistas indican que llevar internet a todos los rincones del país requiere una colaboración efectiva entre el gobierno y el sector privado debido a las significativas inversiones necesarias para el despliegue de infraestructura.

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