Por Dr. Claudio Rodríguez-Galán, LL.M (UK)

Muy recientemente participé en el World Energy Week celebrado en la Ciudad de Panamá, organizado por el siempre impresionante World Energy Council. Fue un espacio de reflexión, intercambio de ideas y generación de contactos globales, todo en torno a una pasión compartida por quienes escribimos y leemos en este medio: el sector energético.

Coincidentemente, durante esos días se publicaron en el Diario Oficial de la Federación —finalmente— el tan esperado Reglamento de la Ley del Sector de Hidrocarburos, así como el del Sector Eléctrico, entre otros. En el foro, rodeado de expertos con amplia trayectoria, un representante del Banco Interamericano de Desarrollo destacó la relevancia del concepto de las “Tres Erres”, eje central de este artículo.

Con la publicación del Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico, se esclarecen de manera efectiva los fundamentos básicos necesarios para contar con los tres elementos clave del desarrollo sectorial. Aunque aún faltan diversas disposiciones administrativas —claramente identificadas en el propio Reglamento—, hablando de reglas, el panorama de claridad de inversiones mejora con reglas participativas y en aspectos esenciales de bancabilidad, como los plazos contractuales, métodos alternativos de solución de controversias, rutas críticas, permisos, trámites expeditos, exenciones (ambos en su caso) y la afectación de activos como garantías dentro de esquemas legales y financieros flexibles, donde seguramente se usarán ‘mutatis mutandi’ modelos conocidos en el sector.

Siguiendo en el tema de reglas y en concreto el 17 de octubre del 2025, se publicaron las Disposiciones administrativas de carácter general para la planeación vinculante en la actividad de generación de energía eléctrica, como hoy en boca de todos, la Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica e interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, alineados a la planeación vinculante (“Convocatoria”).

En materia de redes, el Reglamento establece expresamente la posibilidad de que el Estado —único operador autorizado— pueda acceder a financiamiento. Sin embargo, entre líneas yo sigo insistiendo la viabilidad de esquemas “llave en mano”, donde los actores privados, como ocurrió durante décadas, podrían participar en la construcción de la tan necesaria infraestructura de evacuación, sin contravenir el mandato constitucional que reserva al Estado la operación y propiedad exclusiva de dicha infraestructura. La Convocatoria por su lado establece refuerzos, algunos imposibles, que deben ser considerados pues no son definitivos. Cuidado.

Durante el foro sectorial del World Energy Council, se abordaron innumerables ideas y puntos de vista, todos profundamente relevantes para la realidad mexicana, pero también aplicables a otros países y regiones. Es precisamente esta interconexión con dinámicas globales lo que hace al sector eléctrico tan fascinante: sus vínculos con tendencias internacionales son tan evidentes como inevitables.

Temas como flujos de capital, demanda, digitalización, seguridad energética, apagones, redes, tarifas, estabilidad, literatura técnica, infraestructura, transición justa, impacto social, acceso, autonomía, cuellos de botella, ideología, resiliencia, disponibilidad hídrica, centros de datos, biocombustibles y, por supuesto, geopolítica, son áreas de conocimiento indispensables para todos los que pretendemos entender al sector. Los Reglamentos publicados el pasado 3 de octubre y la propia Convocatoria no son ajenos a estos factores; los abordan con distintos matices políticos e ideológicos, y con un amplio rango de elaboración, pero también de perfectibilidad.

Lo que quizá no recogen con suficiente profundidad es el grado en que la Política —con mayúscula— influye en las políticas públicas sectoriales. Es un tema que he reiterado en múltiples intervenciones, escritos e ideas. Aunque ello me ha generado algunos detractores ideológicos, han sido muchos más los seguidores que mi postura me ha dado. La ideología y el dogmatismo no pueden imponerse sobre los datos duros del sector: la primera es maleable, mientras que los segundos se sustentan en los datos duros de la ciencia. Y en este campo, como en todos, la verdad no es binaria.

Como crítico reconocido de lo ocurrido en los últimos seis años, celebro con igual claridad los avances reflejados en los Reglamentos y en menor medida en la Convocatoria. Son perfectibles, sí, pero representan un saldo positivo que apunta hacia un modelo de colaboración público-privada interesante y necesario. Y aprovecho para recalcar que la figura de Justicia Energética se vuelve el punto toral de todo el sector – incluyendo al privado – y como un detonante de aprobaciones y permisos. No entender el concepto, que titule en mi tesis Doctoral ‘Bien Común Energético’, dará dolor de cabeza a más de uno.

Mi única preocupación —y veremos si la Convocatoria confirma mi hipótesis— radica en cómo se implementarán estos mecanismos en la práctica. Persisten riesgos y se alzan ya voces de vicios, manipulaciones y gestiones a puerta cerrada que podrían comprometer la transparencia, la ética y el acceso equitativo de los participantes a los proyectos y oportunidades. Si el Estado mantiene su prevalencia sectorial, será crucial que el 46% de participación privada —que se medirá anualmente mediante un mecanismo aún por definirse— no sea gestionado por personajes oscuros bajo el blindaje de la corrupción o proyectos estratégicos (figura que ya recoge el Reglamento). Vamos, que la Convocatoria es el primer lanzamiento al mercado de ello. Veremos si la Convocatoria era solamente una forma de disfrazar asignaciones directas.

En el ámbito de los recursos, aún faltan reglas claras para la monetización del almacenamiento, los costos finales de refuerzos eléctricos y la disponibilidad de interconexión sin necesidad de estos, conforme a los calendarios que el Reglamento ya contempla. Los recursos existen, pero los Reglamentos tienen que leerse y se leen por las inversiones de forma holística con otros factores como la reforma judicial, la transparencia, la ética, debilitamiento institucional, tratados internacionales, el bien común, los datos científicos y alejados de la corrupción, de las ideologías y de los traficantes de influencias.

Faltan diversas disposiciones administrativas que complementen al propio Reglamento, pero ya nos podemos preguntar, ¿son suficientes las “Tres Erres” que el Reglamento y la Convocatoria buscan establecer para garantizar un desarrollo sano, equitativo, transparente, de largo plazo y eficiente del sector?

El tiempo lo dirá y será la Convocatoria la primera que nos arroje varios datos de análisis.