Por Sen. Beatriz Robles Gutiérrez, Presidenta de la Comisión de Energía del Senado de la República

El 18 de marzo de 1938, el General Lázaro Cárdenas del Río marcó un punto de inflexión en la historia nacional al decretar la Expropiación Petrolera, un acto de soberanía que reivindicó el derecho del pueblo mexicano sobre sus recursos naturales. Aquel gesto de valentía política y visión de Estado no sólo recuperó el control del petróleo que permanecía en manos extranjeras, sino que también sembró la semilla de un modelo de desarrollo basado en la independencia, la dignidad y el orgullo nacional.

Con la creación de Petróleos Mexicanos (Pemex), México inició una nueva etapa de crecimiento económico y tecnológico. Durante décadas, esta empresa se convirtió en sinónimo de progreso, identidad y bienestar social. Fue motor de la industrialización, generadora de empleo y referente internacional en exploración, refinación e investigación, junto al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). El petróleo se transformó en un símbolo de unidad y de soberanía popular, en el que los trabajadores, ingenieros y técnicos mexicanos asumieron el desafío de construir con sus propias manos la infraestructura que sostendría el desarrollo del país.

Sin embargo, a lo largo del tiempo, diversos intereses impulsaron políticas que debilitaron el papel del Estado en el sector energético. En nombre de la apertura y la modernización, se promovieron reformas que, en lugar de fortalecer la capacidad nacional, la fragmentaron. La Reforma Energética de 2013 abrió el sector a la iniciativa privada bajo la promesa de generar competencia y reducir precios, pero en la práctica trajo consigo un proceso de desmantelamiento paulatino de las capacidades técnicas, operativas y financieras del Estado.

Los resultados fueron evidentes: mientras en 2013 el Sistema Nacional de Refinación procesaba más de 1.2 millones de barriles diarios, para 2018 la cifra se redujo a poco más de 600 mil. Esta caída no fue un accidente, sino el reflejo del abandono en inversiones, mantenimiento e infraestructura. México pasó de ser productor autosuficiente a depender de importaciones para abastecer su propio consumo, quedando expuesto a las fluctuaciones internacionales del mercado, los intereses geopolíticos y las crisis energéticas globales.

Hoy, bajo una nueva visión de Estado y con las Reformas Energéticas del 18 de marzo de 2025, el país ha retomado el rumbo de la soberanía y la autosuficiencia. Estas reformas, impulsadas bajo el liderazgo de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, consolidan un marco jurídico moderno que restablece la rectoría del Estado sobre los recursos estratégicos y coloca nuevamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como ejes fundamentales del desarrollo nacional.

El nuevo paradigma energético busca equilibrar la participación pública y privada, priorizando siempre el interés nacional. No se trata de excluir la inversión privada, sino de integrarla en un proyecto que garantice la sustentabilidad, la innovación y la responsabilidad social. La colaboración entre ambos sectores debe orientarse a fortalecer las capacidades productivas del país, promover la investigación científica, impulsar la transición energética y fomentar el desarrollo tecnológico con enfoque sostenible.

La energía no es sólo un bien de mercado: es seguridad nacional, justicia social y bienestar colectivo. Cada litro de gasolina producido en territorio nacional, cada kilowatt generado por manos mexicanas, representa un paso más hacia la independencia y la dignidad del país. Recuperar la soberanía energética implica garantizar que las decisiones estratégicas sobre la exploración, refinación y distribución de hidrocarburos respondan al bienestar del pueblo mexicano y no a intereses corporativos.

México avanza hacia la autosuficiencia con una visión clara: la energía debe servir para el desarrollo humano, la equidad regional y la prosperidad compartida. Porque la soberanía energética no se decreta: se construye con leyes sólidas, con infraestructura moderna, con inversión responsable y, sobre todo, con voluntad política y compromiso social.

El reto es enorme, pero también lo es la convicción de un país que ha decidido escribir un nuevo capítulo en su historia: un México que produce, innova y decide por sí mismo. La nueva era de la soberanía energética no sólo reivindica el legado de 1938, sino que lo proyecta hacia el futuro con justicia, dignidad y esperanza.