Por HORACIO MONTOYA KEY, Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México y miembro del Comité de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Anáhuac México.

El artículo 26 Apartado A de la Constitución Federal establece las bases del Sistema Nacional de Planeación Democrática. En cumplimiento de esas bases la persona titular del Poder Ejecutivo Federal emite el Plan Nacional de Desarrollo.

El Plan y los programas que de él derivan son obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades federativas, mediante instrumentos de coordinación, y los integrantes de los sectores social y privado a través de la concertación y la inducción, podrán participar en las acciones de la Planeación Nacional del Desarrollo.

Al respecto conviene recordar que la Doctora Beatriz Chapoy Bonifaz en su obra Planeación, Programación, Presupuestación ha señalado que la planeación es la función de la administración pública que, entre otros aspectos, consiste en determinar los objetivos generales de cada institución o conjunto de ellas a corto, mediano y largo plazo; en formular planes, programas y proyectos, y en identificar las medidas, estrategias y recursos necesarios para cumplirlos.

Menciono lo anterior porque uno de los aspectos que ha llamado la atención de los especialistas por la reciente aprobación de la nueva legislación en materia de energía es el que tiene que ver con la Planeación Vinculante. Este nuevo concepto es interesante ya que como indicamos, en principio, es de explorado Derecho que los objetivos, metas y estrategias de la planeación son vinculantes para las instituciones de gobierno.

En el artículo 2 de la LPTE se prevén los objetivos de la Planeación Vinculante que incluyen, entre otros, lo siguiente: a) permitir la prevalencia de CFE en las actividades del Sector Eléctrico, ya que es la garante de la continuidad, accesibilidad, seguridad y confiabilidad del servicio público de electricidad y del Sistema Eléctrico Nacional; b) impulsar el desarrollo sustentable del Sector Energético y preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación, y c) promover la Justicia Energética con mecanismos eficientes y sustentables para reducir la Pobreza Energética.

De igual forma, la Ley de Sector Hidrocarburos y la Ley del Sector Electricidad prevén de manera expresa diversos aspectos que para cada sector deben ser considerados en los instrumentos de la Planeación Vinculante.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en su artículo 33 fracción V que la Planeación Vinculante es una parte esencial en el desarrollo de las áreas estratégicas y que, entre otros, deberá considerar criterios para

Ahora bien, de acuerdo con la LPTE, los instrumentos que conforman la Planeación Vinculante son el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE); el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos (PLADESHi); el Plan para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PLATEASE), y la Estrategia Nacional de Transición Energética. El Programa Sectorial Energía también constituye un instrumento de planeación del sector en términos de la misma LPTE.

Con base en lo anterior, las autoridades de ambos sectores (Secretaría de Energía, CNE, SEMARNAT, etc.) deben ejercer sus facultades para emitir regulación y para otorgar permisos, autorizaciones y demás títulos habilitantes bajo los criterios y de acuerdo con los objetivos de la Planeación Vinculante de modo tal que la inversión pública y privada, así como la operación del Sector Energético, contribuyan a las metas de mediano y largo plazo previstas en los instrumentos correspondientes. Pemex y Comisión Federal de Electricidad considerarán estos objetivos y criterios como elementos rectores de sus programas.

De esta forma la Planeación del Sector Energía ya no es indicativa sino obligatoria para los entes públicos competentes y, mediante la regulación y los términos y condiciones de los títulos habilitantes, también para los regulados. Lo anterior confirma que las diferentes actividades de ambos sectores se alinearán a los objetivos de política pública que establezca la titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Energía.

Las bases a partir de las cuales se formulará la Planeación Vinculante ya han sido expresadas por la Presidenta en su Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 que, en términos de la Ley de Planeación, fue enviado a la Cámara de Diputados el pasado 28 de febrero de 2025.

Efectivamente en el PND 2025-2030 se establece el Eje General 4, Desarrollo Sustentable, cuyos objetivos específicos en materia de energía consisten en:

Así las cosas, en opinión del que suscribe, la Planeación Vinculante implicará una forma de planeación centralizada que confirma la rectoría del Estado en materia de energía, sin necesidad de reconfigurar totalmente los monopolios estatales previos a la reforma del 2013, alineando la actuación de autoridades, empresas públicas y regulados a la consecución de objetivos en materia de seguridad, soberanía, autosuficiencia y justicia energéticas, teniendo como protagonistas a las empresas públicas del Estado, especialmente en el Sector Electricidad.

En este orden de ideas, me parece que el gran reto de la Planeación Vinculante será generar la certeza necesaria para que, considerando la situación real de las finanzas públicas y de las empresas públicas del Estado, se incentive un ambiente atractivo para mantener el mercado o bien para atraer inversiones que desarrollen la infraestructura y servicios que requieran el incremento de la demanda y el cumplimiento de los principios constitucionales de Sustentabilidad, Seguridad, Soberanía, Autosuficiencia y Justicia Energéticas.