Por Isabel Rodríguez Peña y Karl Jörg Zimmermann, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México

De acuerdo con la metodología del “trilema energético” planteada por el World Energy Council, uno de los elementos centrales en la visión más actual sobre seguridad energética es la relevancia de las energías renovables. Estas energías permiten garantizar el acceso a la energía sin que ello presione las metas climáticas, ya que las fuentes fósiles han sido históricamente importantes emisoras de CO2 en sus distintos procesos (extracción, consumo en diversos sectores o como fuentes primarias en la generación eléctrica).

Por otra parte, las características propias de las fuentes renovables las convierten en centrales para la nueva visión de seguridad energética (en adelante SE), esto de sebe a que permiten la descentralización y, como resultado del avance tecnológico, reducen los costos de generación eléctrica. Por lo tanto, esta nueva visión de SE implica que cualquier avance debería estar basado en un mayor uso de fuentes renovables no convencionales.

De esta manera, las presiones cada vez mayores por mitigar el cambio climático fortalecen el vínculo entre política energética y ambiental. En el caso de México, ambas discusiones han estado de alguna manera desligada, lo cual podría tener su origen en la condición energética del país, ya que el hecho de poseer reservas de petróleo se ha reflejado en una falta de necesidad por diversificación de las fuentes energéticas y, en consecuencia, de estrategias por reducir las emisiones de CO2.

De acuerdo con el inventario de emisiones (reporte publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), los tres grandes componentes que explican las emisiones de CO2 son: “energía”, “procesos industriales y uso de productos” y “residuos”. Solo el primero representó, en promedio, el 90% de las emisiones de CO2 en la última década. Solo en 2004 se observa la menor participación de esta clasificación en las emisiones, 87% respecto al total.

Para entender un poco más este dato, hay que desagregar los componentes de este gran agregado; en primer lugar, se incluye el subgrupo de “energía”, el cual a su vez considera la “producción de electricidad y calor” que representa cerca del 35% de las emisiones totales entre 2000 y 2019. La evolución de las emisiones es preocupante ya que, a pesar de una mayor participación del gas, desde 1990, y una mayor participación de las energías renovables en la última década, las emisiones de CO2 se incrementan, de tal forma que en 2019 representaron el 40% de las emisiones totales.

Otra actividad que contribuye con importantes cantidades de CO2 y, además, es un sector en el que se puede avanzar en el uso de energías renovables y en consecuencia clave para la transición energética, es el sector transporte. De acuerdo con el inventario de emisiones, este contribuye en promedio con más 35% de las emisiones entre 2000 y 2009.

Si el mercado energético es un importante emisor de CO2, la pregunta es ¿qué ha ocurrido en el sector? La composición de la matriz energética ha estado concentrada en el petróleo y, en lo general, por los combustibles fósiles.

Otro elemento relevante del sector energético es la generación eléctrica y que como se ha expuesto en párrafos anteriores es el principal generador de emisiones. En el caso de México el problema con la generación eléctrica ha sido sustituir el combustóleo por una fuente menos contaminante, a pesar de ello de acuerdo con datos del Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional (Prodesen, 020-2034) las fuentes primarias para la generación eléctrica se distribuyen de la siguiente manera 81% de combustibles fósiles (60% gas natural, 11% carbón, 10% derivados del petróleo), 3.8% nuclear y el resto energías renovables (10% hidráulica, 2.6% eólica, 2% geotérmica, 0.5% biocombustibles y residuos, 0.1% solar).

En suma, en términos energéticos, no se observan cambios sustanciales para diversificar la oferta del sector energético y dar mayor espacio a la generación de energías menos contaminantes, especialmente, las energías renovables ya que la participación de gas es cuestionable.

En lo que respecta a política climática en México desde la década de 1990 se muestra una actuación casi continua hasta la actualidad. Participó en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992, ratificó el Protocolo de Kioto en 1998, entre otros. Como parte del mecanismo del Acuerdo de París de 2015, el Gobierno Federal se comprometió a una reducción del 20% (condicionalmente 36%) de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 2030. Los compromisos no se modificaron hasta el año pasado en la útlima reunión COP27.

Específicamente, de acuerdo con el Plan Sonora se contempla una reducción de emisiones de 10.67 MtCO2e con acciones directas de la Comisión Federal de Electricidad a través de una mayor participación de energías limpias. En cualquier caso, de acuerdo con la evidencia obtenida del inventario de emisiones, si se busca reducir las emisiones se tendrá que implementar un ambicioso plan para modificar el sistema energético ya que sin éste las metas difícilmente se podrán lograr.

El descubrimiento del yacimiento de Cantarell en 1958, el cual inicia a producir en 1979, ha marcado ampliamente la trayectoria del sector energético en México hasta la actualidad. Por un lado, ha sido el detonante para consolidar una política energética basada en la extracción de petróleo y poca diversificación.

Esto último ha incidido en una magra integración entre la política energética y la ambiental, esto a pesar de que México ha firmado y reivindicado diversos acuerdos internacionales en materia de cambio climático, de los cuales se han derivado diversas políticas ambientales, esto no se refleja en cambios sustanciales en el sector energético.

Adicionalmente, habría que dar un mayor impulso a los autos eléctricos, especialmente en el transporte público y de carga. Encontramos que la política climática en México ha mostrado, poco impulso, y esta tendencia se refuerza con la intención mantener el subsidio a los combustibles fósiles. Por lo tanto, a pesar de que hay diferentes instrumentos de política ambiental, estos son insuficientes. Concluimos que la política energética de México debe replantear la estructura y prioridades del sector energético si quiere cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2.