Por Marcial Díaz Ibarra, socio director de Qua Consultores

A partir del 1 de enero de 2026, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a gasolinas y diésel registrará un incremento de 3.79%, conforme al factor de actualización publicado por la Secretaría de Hacienda. El ajuste, aunque técnicamente previsible y legalmente sustentado, vuelve a poner sobre la mesa una discusión estructural que México no ha resuelto: el uso del IEPS como herramienta recaudatoria frente a su impacto real en precios, logística y competitividad.

De acuerdo con las nuevas cuotas, el impacto directo en el consumidor será tangible:

• Gasolina regular (menor a 91 octanos): +25 centavos por litro
• Gasolina premium: +21 centavos por litro
• Diésel: +27 centavos por litro

Estos incrementos se darán si no se aplican estímulos fiscales, escenario que abre la puerta a una recaudación potencial cercana a 460 mil millones de pesos anuales, cifra que confirma que el IEPS sigue siendo uno de los pilares silenciosos de las finanzas públicas.

El dilema fiscal: recaudar sin distorsionar

Desde una óptica estrictamente hacendaria, el ajuste es lógico. El IEPS se actualiza conforme a la inflación y permite al Estado proteger su base recaudatoria sin necesidad de reformas tributarias de mayor calado. Sin embargo, el mercado de combustibles no es neutro, y cada centavo adicional tiene efectos en cascada.

En el caso del diésel, el aumento resulta especialmente sensible. No se trata solo de un combustible más: es el insumo transversal del transporte de carga, la logística de alimentos, la industria, la minería y buena parte del aparato productivo. Incrementar su carga fiscal sin un esquema compensatorio implica presión directa sobre costos logísticos, que inevitablemente terminan trasladándose a precios finales.

Estímulos fiscales: ¿herramienta o parche?

La experiencia reciente demuestra que los estímulos al IEPS han funcionado más como un mecanismo político de contención de precios que como una política energética estructural. Cuando el estímulo existe, amortigua el impacto; cuando desaparece, el ajuste se refleja de golpe en el mercado.

El problema no es el estímulo en sí, sino su naturaleza discrecional. La ausencia de reglas claras, temporales y predecibles genera incertidumbre para comercializadores, distribuidores y consumidores. En un entorno de márgenes ajustados y mayor vigilancia regulatoria, esta volatilidad fiscal se convierte en un riesgo operativo adicional.

El mensaje implícito al mercado

El IEPS 2026 envía una señal clara: el Estado seguirá utilizando los combustibles como base recaudatoria estratégica. Esto tiene implicaciones relevantes para la planeación de inversiones, contratos de suministro y estrategias comerciales, particularmente en un contexto donde el nuevo marco regulatorio energético exige mayor trazabilidad, solvencia operativa y cumplimiento fiscal.

Paradójicamente, mientras se habla de transición energética y eficiencia, el esquema fiscal continúa anclado a una lógica de corto plazo, donde la prioridad es la recaudación inmediata y no la construcción de un mercado más eficiente, competitivo y predecible.

Reflexión final

El aumento al IEPS en 2026 no es, por sí mismo, el problema. El verdadero desafío es la ausencia de una política fiscal-energética integral, que reconozca el papel de los combustibles en la economía real y establezca reglas claras entre recaudación, estímulos y precios.

Si el objetivo es fortalecer las finanzas públicas sin erosionar la competitividad ni castigar al consumidor, el debate ya no debería centrarse en si sube o no el IEPS, sino en cómo se diseña un esquema fiscal más transparente, predecible y alineado con la realidad del mercado energético mexicano.