Por Roberto Villeda Suarez, Director General de Calibraciones Profesionales e Ingeniería (CalPro) 

En los últimos meses, el tema de los controles volumétricos para hidrocarburos y petrolíferos ha tenido un boom, debido a la extensión gubernamental de la obligación para contar con ellos a todos los usuarios que almacenen o utilicen para usos propios o autoconsumo petrolíferos o gas natural derivado de su actividad.

Y parece que era algo necesario si, como ha dicho ONEXPO, uno de cada tres litros que se distribuyen en México es ilegal. O como lo mencionó El Universal el pasado 12 de agosto, en cuanto a que Pemex pierde cada día 56.7 millones de pesos por el robo de combustibles, y que en el primer semestre del año, el Gobierno federal decomisó 41 millones de litros de combustibles, recuperando mil millones de pesos en productos, lo que equivale tan solo a un 10% de las pérdidas.

Y es que las empresas particulares, mexicanas y extranjeras, han aprovechado la incipiente aplicación de la regulación y exigencia del cumplimiento de obligaciones en el rubro de los controles volumétricos, como es el sonado caso del decomiso de 15 millones de litros de diésel en Coahuila el pasado julio, en el cual la mexicana Ingemar, S.A. de C.V. y la estadounidense Belar Fuels Company, están siendo investigadas por la probable falsificación de documentos para ingresar al país más hidrocarburos de los que tienen autorizados.

En específico, parece que utilizaron facturas falsas, pedimentos de importación y fichas de embarques apócrifos para importar más cantidades de hidrocarburo que las que reporta, con el fin de evadir impuestos.

Sin embargo, las empresas privadas no son las únicas que pueden delinquir. De acuerdo con la “Alerta de FinCEN sobre los esquemas de contrabando de petróleo en la frontera suroeste de EE.UU. asociados a cárteles mexicanos”, publicada el pasado 1 de mayo por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU., empleados de Pemex han facilitado la comisión del delito de huachicol:

Según muestra la referida Alerta de FinCEN, posterior a obtener ilícitamente el petróleo crudo de Pemex, los cárteles lo transportan a tanques de almacenamiento en territorios controlados por ellos mismos. Luego, el crudo se transporta en camiones cisterna a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, etiquetado falsamente como “aceite de desecho” u otros materiales peligrosos relacionados con el proceso de refinado del petróleo y el gas natural. Tras cruzar la frontera de Estados Unidos, el petróleo crudo robado se entrega en terrenos baldíos de empresas estadounidenses antes de ser entregado finalmente a importadores estadounidenses cómplices y vendido en los mercados energéticos estadounidense y mundial.

Es por esa razón que se reconoce como un gran avance la asignación de un presupuesto de 23 mil mdp para controlar el volumen y detectar desviaciones o pérdida de hidrocarburos a través del Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, publicado el pasado 5 de agosto.

Con ese presupuesto se pretende instalar equipos de última generación para medir y controlar la calidad de los productos, así como la implementación del sistema informático “Unidad Central de Control”, que se integrará de información a lo largo de toda la cadena de valor de Pemex.

Tal estrategia pretende incrementar el cumplimiento de los controles volumétricos establecidos por el SAT del 15% al 96% de 2025 a 2035, lo cual representaría una mejora del 81% en la gestión y supervisión volumétrica, según señala el documento.

Asimismo, se planteó invertir 10,967 mdp para mantener y calibrar de forma continua los sistemas de medición, de tal forma que exista certeza en los puntos de transferencia de custodia, lo cual garantizará la trazabilidad volumétrica que se necesita para detectar desviaciones y pérdidas no operativas en las diversas instalaciones petroleras.

Finalmente, se describió la implementación de un sistema digital de control para el acceso de autotanques a instalaciones de almacenamiento y diversas refinerías.

Sin embargo, consideramos necesario mencionar que la obligación para los sujetos que llevan a cabo actividades relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos de llevar controles volumétricos entró en vigor en enero de 2022: hace tres años y medio.

Pero Pemex declara a través del Plan Estratégico que cumple en un porcentaje del 15%, y no solo eso, sino que prevé cumplir al 96% en diez años. ¡Diez años!

Entendemos que existen muchos factores que están relacionados con el robo de combustibles, pero podemos afirmar que –con base en los datos obtenidos por El Universal–, manteniendo las demás variables que afectan al fenómeno constantes, hoy en día existe un 15% de cumplimiento de la obligación de llevar controles volumétricos, y que hay una pérdida diaria por estos delitos de 56.7 mdp.

Entonces, si para establecer un parámetro, asumimos que el 100% de cumplimiento equivale a cero pérdida financiera (que es poco realista, pero lo usamos solo para generar este modelo), podemos dilucidar lo siguiente:

Conviene insistir en que los cálculos aquí presentados se realizan bajo el supuesto de que nada cambia en el entorno salvo el avance en el cumplimiento de los controles volumétricos. En ese sentido, este ejercicio no pretende ser una proyección oficial, sino una ilustración de la magnitud del costo de oportunidad que implica la lentitud del plan.

Bajo ese supuesto, el nivel actual de cumplimiento de 15% se traduce en pérdidas cercanas a 56.7 millones de pesos diarios, y aun con la inversión anunciada, el propio calendario de Pemex reconoce que se alcanzaría apenas un 96% de cumplimiento en 2035. Esto significa que durante los próximos diez años el país absorbería pérdidas acumuladas superiores a 129 mil millones de pesos, es decir, poco menos de cuatro veces lo que se planea invertir en la solución.

Como paréntesis, nos gustaría apuntar que, hace un año, los Resultados Preliminares al 30 de septiembre de 2024 de Pemex señalaban que el huachicol fiscal representa una variación entre lo exportado por Estados Unidos e importado en México de 40 millones de litros diarios de combustible. Si de esa cantidad calculamos la pérdida en recaudación de IEPS (tasa promedio de $5 por litro), el gobierno pierde alrededor de $200 millones diarios, lo que equivale a $73,000 millones al año.

¿Cómo es esto? ¿Se pierde más en impuestos que en el propio insumo o por qué esta inconsistencia en los números que ha provisto la propia empresa Pemex? La respuesta es fácil: a falta de controles volumétricos, Petróleos Mexicanos ni siquiera puede saber cuánto dinero está perdiendo el Estado mexicano, se trate de insumos o impuestos. Es más, nos atreveríamos a decir que, a causa de esta falta de cumplimiento, tampoco sabe cuánto produce a ciencia cierta. Fin del paréntesis.

En suma, el problema no es la inversión en sí misma, sino el tiempo excesivo que tomará implementarla, tiempo durante el cual las pérdidas de miles de millones de pesos seguirán creciendo.

Al respecto, si bien es cierto que no es un secreto que Pemex se encuentra en un bache financiero, con todas las viejas deudas a proveedores pendientes por pagar acumuladas, también es cierto que el fenómeno de robo de combustibles, que trae aparejado no solo pérdida de dinero, sino violencia y debilitamiento del estado de derecho, hace apremiante la implementación de las políticas públicas necesarias para erradicar el referido fenómeno.

A nuestro parecer, si la obligación de llevar controles volumétricos se implementó en 2022, para el año en que estamos ya debería haber un nivel de cumplimiento más homogéneo entre los sujetos obligados; y con mayor razón ahora que incluso las empresas que almacenen o utilicen para usos propios o autoconsumo deben contar con ellos, y con esto a veces estamos hablando de pequeños y medianos negocios, a los cuales se les está exigiendo invertir en sistemas de gestión, sistemas de medición y softwares funcionales y de seguridad.

Resulta desproporcional y poco consistente que la empresa del Estado más grande del país no sea evaluada conforme a piso parejo respecto de esos otros pequeños y medianos contribuyentes referidos, cuando ella tenía la obligación de cumplir tres años atrás.

Por esta razón, se considera que, si bien son de reconocer los esfuerzos y metas propuestas en el Plan Estratégico 2025-2035, los plazos propuestos para la implementación de los controles volumétricos deben acortarse, para establecer una situación de igualdad respecto de los demás sujetos obligados.

Para esto, el SAT deberá presionar con mayor intensidad a todos los sujetos obligados, sobre todo a aquellos que han tenido más de tres años para implementar los mecanismos que requiere la RMF vigente.

Además de lo anterior, estimamos que también vale la pena actualizar el marco regulatorio vigente por lo que hace a los controles volumétricos, con el fin de generar una política pública más eficaz y efectiva, que coadyuve en la prevención del robo de hidrocarburos.

En ese sentido, uno de los aspectos de esa mejora deberá consistir en elevar el nivel de las capacidades técnicas de expertos evaluadores (en entidades de acreditación) e inspectores (en unidades de inspección), así como la vigilancia por parte de la autoridad sobre el cumplimiento y mantenimiento de estos referentes, con el objeto de establecer un estándar mínimo que garantice la excelencia técnica y evite la corrupción en el sector, convirtiendo a los controles volumétricos en una medida confiable y blindada contra cualquier conflicto de interés.

En ambos casos, se debe garantizar la participación de especialistas que sean verdaderos peritos en la rama que van a evaluar. ¿Por qué el énfasis en esto? Porque hoy en día, los expertos técnicos de las entidades de acreditación, que se encargan de examinar a los aspirantes a inspectores, saben de todo un poco, pero no están verdaderamente especializados, lo que ha conllevado a que las capacidades técnicas de las unidades de inspección tampoco estén al nivel que haría eficaz a la política pública.

Lo anterior tiene como resultado la práctica de inspecciones flexibles a los contribuyentes por lo que hace a controles volumétricos y que todo el tema de los controles volumétricos sea, más que una medida capaz de elevar la recaudación y disminuir el robo de hidrocarburos, un mero trámite susceptible de ser pagado.