La Comisión Federal de Electricidad (CFE) necesita entre 30,000 y 42,000 millones de dólares (mdd) para ejecutar su plan de expansión de 32 gigavatios (GW) hacia 2030, de los cuales 25 GW dependerán directa o indirectamente de la propia empresa estatal.

Marta Veloso, managing director de Corporativos en Fitch Ratings, explicó en un panel sobre inversión eléctrica que una estructura de 30% capital propio y 70% deuda implicaría cerca de 13,000 mdd de capital fresco y 29,000 mdd de deuda adicional.

“La calificación de CFE hoy para nosotros está alineada al del soberano por su papel bastante estratégico, pero la capacidad financiera individual de la compañía es un poco más débil”, señaló Veloso.

La analista detalló que Fitch estima flujos de fondos libres negativos para la eléctrica, junto con mayor necesidad de deuda y, eventualmente, apoyo del gobierno federal.

Por ello, los esquemas mixtos con inversión privada se volvieron el mecanismo central para desahogar la presión de capital sobre CFE, indicó la directiva.

“Ya está detonando la inversión. Supimos que los contratos ya fueron firmados, casi todos con las SPVs”, puntualizó Veloso sobre la primera convocatoria.

Almacenamiento, la pieza que faltaba

La generación firme no resuelve por sí sola la intermitencia renovable ni los picos nocturnos de demanda. Ahí entra el almacenamiento en baterías, con reglas vigentes en México desde marzo.

Veloso explicó que ya existe remuneración por arbitraje y pagos por capacidad, aunque el esquema de servicios auxiliares continúa en definición.

Cajeme Villarreal, Director General de CFE Capital, confirmó que la segunda convocatoria de contratos mixtos, lanzada en mayo, incorporó por primera vez proyectos de almacenamiento.

“Eso va a cambiar las cosas en juego aquí en nuestro país seguramente, y esperamos ver inversión”, afirmó Villarreal.

La exigencia regulatoria de que 30% de la nueva capacidad renovable incluya baterías de al menos tres horas busca equilibrar la matriz frente al desplazamiento de la demanda hacia horas sin sol.

Un sistema judicial que no da abasto

La certidumbre contractual, sin embargo, choca con un cuello de botella distinto: la capacidad del país para resolver controversias. Ariel Ramos, socio fundador de Ramos Marcin y Asociados, advirtió que el arbitraje comercial mexicano está lejos de absorber la litigiosidad del sector.

“En 2025 se manejaron a nivel tribunales federales más de 12,000 casos. Y a nivel de arbitraje se manejaron 83”, alertó Ramos.

El especialista vinculó el dato con la reforma judicial, que dejó pendiente la renovación de 2,000 jueces a nivel nacional. El plan de 32 GW tiene el capital, los contratos y ahora también las baterías. Lo que aún no tiene garantizado es quién arbitrará cuando algo salga mal.

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