Javier H. Estrada Estrada y David Madero Suárez^[1]

El pasado mes de febrero, en una reunión de la Agencia Internacional de la Energía en París los principales líderes de energía y clima del mundo empezaron precisar las medidas correctivas pendientes para los gobiernos que están preocupados por el cambio climático. El objetivo fue trazar la hoja de ruta para cumplir los compromisos asumidos en la reciente cumbre COP28 de Dubái para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados.

Cabe recordar que hace un par de meses casi 200 gobiernos alcanzaron en Dubái un acuerdo clave sobre energía y clima, el Consenso de los Emiratos Árabes Unidos. En éste se fijaron nuevos objetivos globales para el año 2030, entre ellos: (1) acelerar la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles; (2) triplicar la capacidad de energía renovable; (3) duplicar el progreso en eficiencia energética; y (4) reducir sustancialmente las emisiones de metano.

El mundo espera que se apresuren las acciones en esta década y que se fije la dirección del sector energético mundial para alcanzar una transición justa, ordenada y equitativa para abandonar los combustibles fósiles. Algunas de las acciones clave que deben tomarse son de muy corto plazo e incluyen, crear fuentes de financiamiento para las transiciones, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo, así como mejorar la próxima ronda de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que los países realizan en el marco del Acuerdo de París.

Por lo tanto, en la actualidad ya están comenzando a establecerse los objetivos climáticos en cada país para los próximos diez años y los medios requeridos para alcanzarlos. Es decir, se comienzan a determinar acciones concretas y ritmos a los cuales cada país disminuirá las emisiones globales de gases de efecto invernadero. México no puede quedarse al margen de este proceso global.

En nuestro país es fundamental volver a acordar el arreglo institucional de la transición energética. Por acordar un arreglo nos referimos a fijar las reglas, definir las facultades y fortalecer la coordinación necesaria; por institucional, a que dicho arreglo defina con claridad qué organismos desempeñan cuáles funciones de interés público. Finalmente, en el contexto del acuerdo, la transición energética implica un proceso gradual de cambio en la forma en que se produce, distribuye y consume la energía, a fin de fomentar el uso de fuentes de energía renovables y sostenibles que sean consistentes con la viabilidad del planeta y el bienestar de la población global.

De esta manera, México tiene que discutir y acordar reglas, facultades y coordinación de las instituciones actuales del sector energía y del de medio ambiente para fijar la hoja de ruta que en las próximas décadas modifique estructuralmente a la economía nacional para producir, distribuir y consumir energía renovables y sostenibles, dejando atrás la producción y consumo de hidrocarburos.

Estamos atrasados respecto a nuestra propia Ley de Transición Energética. El rezago respecto a las metas que nos hemos fijado hará muy costoso llegar a la meta de 50% de participación en 2050. Además, tenemos problemas de corto plazo como la insuficiencia de agua en los embalses que está limitando la aportación de las hidroeléctricas a las que recientemente se instalaron turbinas nuevas. Asimismo, la regulación y falta de voluntad política han retrasado los proyectos de energías limpias. En la actualidad hay siete permisos atorados de centrales eólicas terminadas y 28 más que están en distintas etapas de desarrollo con una capacidad conjunta de 5 GW.

El crecimiento económico nacional ha mostrado resiliencia impulsado por la integración comercial con los EE. UU. Desde ahora, el requerimiento adicional de energía para las próximas décadas se anuncia como una demanda creciente de electricidad generada con energías limpias conforme se profundiza la integración comercial con nuestro vecino del norte. En este contexto de demanda creciente de electricidad, será un reto mayor cumplir con los objetivos indicativos que marca la Ley para avanzar la proporción de energías limpias en la generación eléctrica y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en general.

Al amanecer de la próxima administración, en nuestro país al igual que en el resto del mundo deberemos apresurar el abandono de los combustibles fósiles, multiplicar la capacidad de generación y transmisión, así como el uso de las energías renovables, hacer más eficiente el consumo de energía y reducir las emisiones de metano en particular en el sector de producción petrolera. El desafío es grande para México que tanto depende de los hidrocarburos. Tomarlo como compromiso fundamental de gobierno mostrará solidaridad con el medio ambiente del planeta, además de ser la única manera de mantenernos en el concierto global de libre comercio y creciente integración con los principales bloques de la economía mundial.  

[1] Javier Estrada, socio director de Analítica Energética SC, economista, 42 años de experiencia en el sector energético internacional, ex comisionado de la CRE y CNH.

David Madero, consultor independiente, 32 años de experiencia en el sector público energía y financiero, ex Director General de CENAGAS.

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