Por Itzel Alaniz

Los dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio en Venezuela dejaron en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico del país, una infraestructura que tiene un historial de problemas estructurales desde hace más de dos décadas y que, tras la emergencia, complicó las labores de rescate, la atención hospitalaria y la operación de sectores estratégicos.

El reciente balance oficial del gobierno venezolano reporta 2,645 personas fallecidas, más de 12,000 heridos y alrededor de 15,000 damnificadas. Las autoridades mantienen las labores de recuperación en las zonas afectadas de Tanaguarena, Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira.

Aunque las autoridades del país no informaron cuántos apagones provocaron los movimientos telúricos, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia la noche del 24 de junio. Al mismo tiempo, habitantes de distintas regiones reportaron en redes sociales interrupciones prolongadas del servicio eléctrico.

Los usuarios atribuyeron las fallas al deterioro de la infraestructura, la sobrecarga del sistema y los daños que provocaron los sismos. La falta de electricidad dificultó el traslado de personas lesionadas a hospitales y limitó la operación de diversos centros de salud, que recurrieron a plantas de emergencia. Además, retrasó la recepción y la distribución de ayuda humanitaria procedente del extranjero.

La emergencia movilizó el apoyo internacional para restablecer los servicios básicos. México envió ocho plantas generadoras de electricidad para apoyar el suministro de energía en las zonas afectadas, además de 71.2 toneladas de ayuda humanitaria con alimentos no perecederos, medicamentos, insumos médicos y material para la atención de la emergencia.

Asimismo, el Gobierno federal preparó el envío de un buque con más víveres y suministros recolectados en centros de acopio instalados en distintos puntos del país.

Los cortes de energía también afectaron la actividad industrial. Reuters y Minergy señalaron que las fallas desaceleraron las operaciones en puertos, plantas petroquímicas e instalaciones petroleras, entre ellas la refinería El Palito y el complejo petroquímico de Morón, debido a que la interrupción del suministro eléctrico frenó procesos de producción y logística.

Especialistas consultados por Minergy advirtieron que el sistema eléctrico venezolano ya operaba al límite antes de los sismos, por lo que un evento de esta magnitud agravó las deficiencias existentes.

La industria petrolera requiere un suministro eléctrico continuo para extraer, refinar, almacenar y transportar hidrocarburos. Actualmente, Venezuela produce alrededor de 1.2 millones de barriles de petróleo diarios, apenas 36% de los 3.3 millones de barriles diarios que alcanzó en 1998.

Además, El Palito cuenta con una capacidad instalada de 146 mil barriles por día, cuya operación depende de la estabilidad del sistema eléctrico.

Los terremotos detonaron nuevas interrupciones del servicio, pero la crisis energética surgió mucho antes. El deterioro del sistema se debe a la falta de inversión en generación y transmisión eléctrica, el escaso mantenimiento de la infraestructura, la pérdida de personal especializado y el aumento de la demanda sin una expansión equivalente de la capacidad instalada.

Desde el apagón nacional de 2019, Venezuela registra fallas recurrentes en el suministro eléctrico, sobre todo en el interior del país. Antes de los sismos, el sistema ya operaba con limitaciones por la reducción de la capacidad de generación y el deterioro de la red de transmisión, situación que aumentó los efectos del desastre natural.

Los sismos del 24 de junio volvieron a evidenciar que un sistema eléctrico debilitado aumenta la vulnerabilidad del país ante desastres naturales y compromete tanto la atención de emergencias como la operación de su principal industria: la petrolera.