La agencia calificadora Moody’s Ratings determinó que Petróleos Mexicanos mantendrá una fuerte dependencia financiera del Estado al requerir inyecciones de capital de hasta 14,000 millones de dólares (mdd) entre 2026 y 2028. Esta evaluación ocurre en un momento donde las finanzas públicas resienten el apoyo continuo a la empresa productiva.

La empresa enfrenta esta urgencia de recursos porque las directrices gubernamentales limitan drásticamente sus ganancias operativas frente a los altos precios internacionales del crudo. El gobierno mexicano exige mantener topado el precio de la gasolina a 24 pesos por litro mediante subsidios directos, lo que comprime el flujo de efectivo consolidado de la petrolera y le impide comercializar su producción a precios elevados en el exterior.

«Por eso es que tenemos una calificación standalone de CAA para la compañía, porque sin el respaldo, probablemente Pemex ya hubiera caído en un incumplimiento de pago«, detalló Roxana Muñoz, Senior Vice President en Moody’s Ratings.

El escenario de precios del petróleo Brent se mantendrá en un rango de 75 a 80 dólares por barril durante la segunda mitad de 2026. Pemex asume los costos internacionales de producción y reduce sus volúmenes de exportación para dar prioridad a la refinación local, un segmento que estructuralmente presenta menor margen.

Las exportaciones de crudo de la petrolera cayeron un 28% en 2025 hasta ubicarse en 581,000 barriles diarios, situación que incrementa la dependencia de márgenes débiles y genera altos costos operativos. Pemex registrará un flujo de efectivo libre negativo al menos hasta 2028, obligando al gobierno a presupuestar recursos masivos. Aunque la agencia perfiló dicho año, Muñoz no descartó que en 2029 la petrolera aún continúe necesitando apoyo.

Además, el marco fiscal actual también distorsiona la economía operativa de la compañía. El pago de los derechos de extracción al gobierno federal se calcula conforme a las cotizaciones internacionales, pero el área de refinación reconoce ingresos limitados por el tope de precios impuesto a las gasolinas. Esta divergencia contable impide visualizar la pérdida real del segmento de refinación ante los mercados financieros.

El gobierno otorgó apoyos financieros por 50,000 millones de dólares entre el año pasado y el actual mediante reducciones fiscales y fondos de Banobras, lo que mitigó el riesgo de la deuda a corto plazo.

«Nuestra estimación es que va a necesitar al menos 10 o 14 mil millones de dólares de apoyo de 2026 a 2028 (…) no vemos que las operaciones o que la estrategia de parte del gobierno con la compañía cambie para hacerla más rentable», advirtió Muñoz.

El peso de la intervención estatal

Las principales empresas petroleras estatales de América Latina registran marcadas vulnerabilidades en su calidad crediticia en este periodo, pese al entorno favorable de altos precios globales de los hidrocarburos. Esta situación obedece a la constante intervención de los gobiernos nacionales para contener la inflación interna mediante subsidios y rígidos controles de precios en los combustibles.

Estas decisiones oficiales trasladan la volatilidad del mercado a los balances corporativos e incrementan las necesidades de liquidez. En la región sur del continente, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en Chile enfrenta presiones operativas luego de que el Estado extrajera 70% de sus utilidades récord como dividendos para el Tesoro.

Esta acción reduce drásticamente la capacidad de la empresa para disminuir su nivel de apalancamiento y posterga inversiones de capital. Por su parte, en Argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) asume el costo financiero de mantener los precios minoristas de los combustibles sin cambios durante 45 días tras un acuerdo gubernamental reciente. Esta situación traslada la carga a la empresa en forma de ganancias diferidas, justo cuando suspende el pago de dividendos para concentrar inversiones en Vaca Muerta.

«Petrobras yo creo que va a ser de la región más beneficiada, tiene un modelo de costos bastante eficiente (…) Sin embargo, vemos un gobierno brasileño que impuso un 12% de impuestos adicionales a las exportaciones«, puntualizó la analista.

Desafíos de liquidez

Las petroleras estatales de Colombia y Perú enfrentan problemas agudos de liquidez derivados de los constantes retrasos en los pagos gubernamentales prometidos y sus elevados niveles de endeudamiento.

Ecopetrol exporta 50% de su producción, una cifra que le permite capitalizar el aumento de los referentes internacionales, estimando hasta 180 millones de dólares en ebitda anual por cada dólar que sube el barril Brent.

En contraste, Petroperú mantiene una calificación de Caa1 negativa con un estrés financiero severo y un nivel de efectivo disponible de apenas 34 millones de dólares.

La falta de liquidez en Petroperú es consecuencia directa de sus altos niveles de deuda por la expansión de la refinería de Talara, lo que vuelve a la compañía dependiente de un paquete de ayuda estatal de hasta 2,000 millones de dólares, cuyos mecanismos de desembolso continúan siendo inciertos.

En el escenario colombiano, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles difirió reembolsos, obligando a Ecopetrol a financiar sus necesidades de liquidez inmediata y pagar cupones de deuda sin el flujo de efectivo que el gobierno debía garantizar.

«Hasta que no veamos que el riesgo intrínseco o el standalone mejore, creo que la calificación está bien posicionada en B1 estable para mejorar la calificación aún más, creo que es más el tema operativo que el de la deuda«, concluyó Roxana Muñoz.