Por Marcial Díaz Ibarra
Socio Director, QUA Energy Consultores
En México ya no estamos discutiendo precios.
Estamos discutiendo quién los fija.
El más reciente anuncio del gobierno —un acuerdo con bancos y emisores de vales como
Edenred y Sodexo para reducir comisiones— se presenta como una medida para ayudar a
bajar el precio del diésel. Pero el fondo del asunto es otro: estamos frente a un modelo
donde el precio ya no es resultado del mercado, sino de una negociación política
ampliada.
Gasolineros, reguladores, bancos, emisores… todos sentados en la misma mesa para
“alinear” precios.
Eso tiene nombre, aunque se le quiera llamar “acuerdo voluntario”.
La ficción de lo voluntario
Cuando una estación sabe que:
● Será monitoreada diariamente.
● Puede ser exhibida públicamente.
● Puede recibir visitas y presión directa.
● Puede terminar con una lona señalando “precio caro”.
La palabra “voluntario” pierde cualquier sentido.
Esto no es coordinación de mercado.
Es administración de precios por presión indirecta.
Y funciona… hasta que deja de funcionar.
El problema no son las comisiones.
Reducir comisiones de vales es un ajuste marginal en un sistema estructuralmente más
complejo.
El precio del combustible en México está determinado por:
● Referencias internacionales
● Logística y transporte
● Costos operativos
● Y, sobre todo, carga fiscal (IEPS)
Nada de eso cambia con un acuerdo financiero.
Entonces surge la pregunta incómoda:
¿Se está atacando el problema real o solo conteniendo el síntoma?
El riesgo: distorsionar sin resolver
Los datos oficiales ya lo muestran: una parte relevante del mercado no logra sostener el
precio objetivo.
Eso no es resistencia.
Es aritmética.
Cuando el precio “político” se separa del precio “económico”, el sistema se empieza a ajustar por otros lados:
● Menor inversión
● Salida de operadores
● Ajustes en calidad o servicio
● Incentivos a prácticas irregulares
El mercado no desaparece.
Se deforma.
El precedente es el verdadero tema.
Hoy es gasolina y diésel.
Mañana puede ser cualquier otro sector.
El mecanismo ya está probado:
- Se define un “precio socialmente aceptable”.
- Se convoca a los actores a un acuerdo “voluntario”.
- Se monitorea públicamente.
- Se ejerce presión reputacional.
- Se ajusta el mercado… o se le obliga a ajustarse.
Es un modelo replicable. Y ese es el riesgo.
El fondo: control sin asumir el costo
Porque hay algo más de fondo.
Un control de precios abierto tiene costos políticos y fiscales.
Un control “indirecto”, como el actual, busca evitarlos.
Pero no los elimina.
Solo los traslada:
● Al empresario, vía margen
● Al consumidor, vía calidad o disponibilidad
● Al sistema, vía distorsión
Conclusión
México está entrando a una zona gris:
No es un mercado libre.
Pero tampoco es un control formal de precios.
Es algo más complejo… y más riesgoso:
Un sistema donde los precios se negocian, se vigilan y se inducen.
La pregunta no es si funciona hoy.
La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse sin romper el equilibrio del mercado.
Porque en energía hay una regla básica:
Cuando fuerzas el sistema… el ajuste siempre llega.
Y casi nunca llega donde esperabas.
