Las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre plantearon que las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía emitan, conjuntamente, estándares correspondientes para la elaboración de informes de sostenibilidad de los productores, empresas u organizaciones empresariales.
Las legisladoras de la Fracción Parlamentaria del PT propusieron modificar Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que se incluya un informe de sostenibilidad para identificar impactos económicos, ambientales y sociales de los productores, empresas u organizaciones empresariales y hacerlos públicos.
Al presentar el proyecto, De la Sierra Arámburo indicó que dichos informes deberán proporcionar una representación equilibrada y razonable de las contribuciones positivas y negativas de las organizaciones al cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible, las cuales, dijo, se han diseñado para presentar información sobre el impacto de las actividades empresariales, económicas, ambientales y sociales en la Agenda 2030.
La senadora de Puebla destacó que han demostrado ser una herramienta que ofrece múltiples beneficios para las organizaciones, tales como el impulso a la innovación, un mejor desempeño de las empresas, la atracción de inversiones y recursos humanos, mayores niveles de inclusión social; y permite que los negocios se posicionen como líderes en los mercados y lleven sus acciones de responsabilidad social como una ventaja frente a la competencia.
Dijo que es preocupante que 75 por ciento de las empresas no emita su reporte de sostenibilidad regularmente, a pesar de que existen estas facilidades.
Puntualizó que esta situación representa una enorme área de oportunidad para la conciliación entre las actividades económicas y el cuidado de nuestro entorno; por lo que es momento de que el Gobierno Federal la aproveche para reforzar su política pública en materia de responsabilidad ambiental empresarial.
Precisó que nos encontramos en un momento importante para alzar estas cifras, ya que recientemente aprobaron el T-MEC y la Ley de Infraestructura de la Calidad para su implementación en el Senado. “Un ordenamiento que ha venido a actualizar nuestro sistema jurídico y buscar mejorar la calidad en los bienes y servicios mexicanos, transitando de las antiguas normas mexicanas de aplicación voluntaria, hacia mejores estándares, acotó.
En este contexto, apuntó, esta Iniciativa toma estos elementos para aprovechar esta transición de la Ley de Infraestructura de la Calidad, en tres vías que promoverán la elaboración de estos reportes de sostenibilidad:
Armonizando a la Ley de Equilibrio Ecológico con la Ley de Infraestructura, precisando que ahora la autoridad emitirá estándares, y no normas mexicanas; incluyendo el fomento de publicación de informes de sostenibilidad como atribución de las secretarías de Medio Ambiente y de Economía.
Así como facultando a estas dependencias para emitir los estándares correspondientes para la publicación de informes de sostenibilidad, de tal manera que los primeros sirvan como una guía o manual para elaborar los segundos.
Nancy de la Sierra afirmó que la Década de Acción por los objetivos de desarrollo sustentable que iniciaron este año, nos obliga a tomar acciones concretas para materializar la Agenda 2030, avanzando en el cumplimiento de sus indicadores específicos para obtener resultados visibles y tangibles para México.
Señaló que la pandemia del Covid-19 nos ha llevado, como sociedad, a replantear las formas en las que nos relacionamos con el medio ambiente, incluso desde nuestras actividades de producción y consumo.
Por lo que esta crisis sanitaria debe tomarse como una oportunidad para elaborar planes de recuperación y reactivación económica que reviertan las tendencias actuales y cambien nuestros patrones de consumo y producción hacia un futuro más sostenible, afirmó.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fue turnada a las comisiones unidas del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos.
