Por Roberto Villeda Suarez, director general de Calibraciones Profesionales e Ingeniería (CalPro)
En comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional se dio a conocer el pasado 7 de julio que se llevó a cabo en Coahuila el mayor decomiso de hidrocarburo transportado por vía férrea –129 de ferrotanques con 15 millones 480 mil litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo de procedencia ilícita–.
Según los medios de comunicación, las principales empresas vinculadas son la mexicana Ingemar, S.A. de C.V. y la estadounidense Belar Fuels Company, que están siendo investigadas por falsificación de documentos para ingresar al país más hidrocarburos de los que tienen autorizados. En específico, ha utilizado facturas falsas, pedimentos de importación y fichas de embarques apócrifos para importar más cantidades de hidrocarburo que las que reporta, con el fin de evadir impuestos.
Al respecto, en entrevista con NMás, el Director General de Petro Intelligence, Alejandro Montufar Helú, señaló –entre otras cuestiones– que más allá de la corrupción existente, en estos casos, el problema radica en la falta de tecnología en inspección, porque, según mencionó, no hay fuerza humana para revisar todos los vehículos.
A mi parecer, el Director General de Petro Intelligence parece estar adjudicando la obligación de inspeccionar la cantidad transportada a la autoridad, cuando es el propio contribuyente –en este caso, transportista– el que debe garantizar los controles volumétricos y, para esto, la normatividad vigente requiere que sea él quien invierta en la tecnología necesaria para su cumplimiento, como calibrar los ferrotanques, contar con programas informáticos y llevar un sistema de gestión de las mediciones, por mencionar algunos requisitos.
En ese sentido, es muy probable que los contribuyentes involucrados en este hecho ilícito específico no cumplieron con las obligaciones que establece el Código Fiscal de la Federación, la abrogada Ley de Hidrocarburos (ahora Ley del Sector Hidrocarburos) y los anexos 30, 31 y 32 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente (RMF). En pocas palabras: no están certificados o sí lo están, pero a través de una unidad de inspección corrupta (que les facilitó los certificados sin llevar a cabo la inspección como lo requieren los anexos de la RMF mencionados).
Y es que es importante señalar que hasta hace poco el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no había aplicado medidas coercitivas para sancionar a los contribuyentes que no entregaban reportes de controles volumétricos, lo que facilitaba que se cometieran delitos en esta materia –como el huachicol o huachicol fiscal–.
En efecto, la dinamización de las atribuciones sancionatorias del SAT implicará un avance significativo en el combate de la delincuencia, aunque hay un aspecto más a mejorar por parte de la autoridad: la vigilancia a las unidades de inspección que certifican a los operadores petroleros.
¿Por qué razón? Porque una inspección superficial –o peor, simulada– facilita a los contribuyentes aparentar que cumplen con la normatividad referida, aunque en realidad estén falsificando informes y documentación sobre la calidad y cantidad de hidrocarburo que manejan (o sea, delinquiendo).
La proliferación desmedida de unidades de inspección que llevan a cabo verificaciones deficientes, o que solamente venden sus certificaciones, se debe en gran parte –además de a una cuestionable calidad moral– a una evaluación flexible por parte de las entidades de acreditación, que no exigen las competencias técnicas requeridas por la normatividad vigente aplicable.
En conclusión: es verdad lo que dijo el Director General de Petro Intelligence sobre la falta de tecnología en controles volumétricos, pero no atribuible al gobierno, sino a los contribuyentes obligados, que están compelidos normativamente a invertir en ella, sea para no recibir sanciones y/o para que no sean cancelados sus permisos o sellos digitales.
Lo que sí es exigible a la autoridad es que siga aplicando su poder coercitivo para obligar a los contribuyentes a cumplir con la regulación aplicable y que comience a vigilar a las entidades de acreditación y unidades de inspección, de tal forma que sean garantizadas las competencias técnicas necesarias para asegurar la correcta certificación de equipos y programas informáticos para llevar a cabo controles volumétricos en materia de hidrocarburos, y así combatir de manera más eficaz el delito de huachicol y huachicol fiscal.
