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¿Quién paga la transición? Lecciones de Nueva Inglaterra para México

Por Marcos Avalos Director de Proyectos Estratégicos, TUVANSA

Durante años, la pregunta en el noreste de Estados Unidos fue qué tan rápido podía limpiarse la red eléctrica. Hoy la pregunta es otra: cuánto cuesta esa transición y quién la paga. Katie Dykes, quien encabezó el Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut de 2019 al verano de 2026, explicó este giro en una entrevista reciente con Columbia Energy Exchange.

El cambio tiene causas concretas. Nueva Inglaterra produce pocos combustibles propios y depende del gas natural, con ductos limitados. La eólica marina prometía reducir esa dependencia, pero la pandemia, las tasas de interés y los problemas de suministro encarecieron casi todas las tecnologías, y el clima extremo obligó a invertir más en confiabilidad. El debate dejó de ser una disputa entre energías limpias y fósiles: hoy se discute cuánto debe pagar el usuario y bajo qué reglas.

Seis estados, una red

Connecticut no decide solo sobre su electricidad: comparte la red con otros cinco estados, bajo la operación de ISO New England. Desde 2020, los seis gobiernos coordinan su postura para exigir al operador más transparencia y una planeación conjunta de la transmisión. El mejor ejemplo es una nueva línea de 1,200 MW que traerá energía eólica de bajo costo desde el norte de Maine, cuyo costo se dividirá entre cinco estados. Acordar ese reparto, dice Dykes, fue tan difícil como importante.

Muchas palancas, ninguna suficiente

Ninguna medida aislada abarata el recibo. La factura suma generación, transmisión, distribución y cargos de política pública, y cada componente se decide en una instancia distinta: el congreso estatal, el regulador local o la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC). Dykes cuenta unas veinticinco palancas para incidir en el costo final.

Dos ejemplos ilustran el método. El gasto en reemplazar activos de transmisión envejecidos casi se duplicó desde 2015, con poca supervisión y rentabilidades de dos dígitos, por lo que los estados exigieron una revisión más estricta. Y el estándar de energías renovables, que premiaba fuentes contaminantes, se reformó y generó ahorros millonarios.

Fuente: Columbia Energy Exchange, entrevista con Katie Dykes, noviembre de 2026; PowerLines (2026).

Alivio hoy, inversión mañana

Evitar costos futuros, advierte Dykes, no ayuda a quien hoy no puede pagar su recibo. Por eso Connecticut bursatilizó los gastos extraordinarios por tormentas, para pagarlos a plazos, y usó bonos estatales para apoyar a usuarios con adeudos durante la pandemia. Sin alivio visible, la transición pierde respaldo social. Y el reto crece: según PowerLines, 51 empresas eléctricas privadas de Estados Unidos invertirán al menos 1.4 billones de dólares hasta 2030. Con esos montos, supervisar el gasto se vuelve la principal defensa del usuario.

Reflexión para México

México no tiene seis estados negociando una red: cuenta con un sistema interconectado nacional, un operador —el CENACE— y la CFE a cargo de la transmisión y la distribución. Esa unidad es una ventaja, pero no sustituye a la disciplina. El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 destina 8,177 millones de dólares sólo a la Red Nacional de Transmisión; la experiencia de Nueva Inglaterra sugiere que la gobernanza de ese gasto importa tanto como su monto.

Tres ideas son trasladables. Primera: la tarifa no se corrige con una medida emblemática, sino con una agenda de muchas palancas sostenida en el tiempo. Segunda: la inversión debe sincronizarse con la demanda real —relocalización industrial, electrificación, centros de datos—, pues construir antes de tiempo encarece el sistema y construir tarde frena el crecimiento. Tercera: la supervisión independiente y la transparencia de costos son la mejor defensa del usuario y del erario, más aún cuando los subsidios tarifarios ocultan parte de la factura.

La pregunta para México no es si debe invertir en su red, sino cómo asegurar que cada peso se traduzca en un servicio más confiable, a un costo que el país pueda sostener. Una planeación ordenada y predecible es, también, la mejor señal para desarrollar la proveeduría nacional que esa red necesitará.

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