El suministro de combustibles en México atraviesa un momento crítico, marcado por limitaciones operativas, incremento en costos internacionales y una creciente presión sobre la infraestructura logística. La empresa estatal Pemex ha comenzado a registrar dificultades para garantizar el abastecimiento continuo de diésel y gasolinas en diversas regiones del país.

Uno de los focos principales se ubica en la terminal de Mazatlán, donde la disponibilidad de diésel se encuentra limitada, obligando a redirigir la demanda hacia otras instalaciones. Este tipo de medidas, si bien permiten mantener el flujo de suministro, incrementan significativamente los costos de transporte para distribuidores y empresas del sector.

La problemática se extiende a otras terminales estratégicas, como León en Guanajuato, El Castillo en Jalisco y Reynosa en Tamaulipas, puntos clave para la distribución regional. Incluso en estados como Querétaro comienzan a observarse indicios de escasez, lo que podría tener implicaciones directas en sectores industriales y de transporte.

Los datos operativos reflejan un deterioro relevante. Durante marzo se contabilizaron al menos 25 interrupciones en terminales, mientras que en abril la cifra ya asciende a 34, lo que representa un aumento aproximado del 36 % en la frecuencia de fallas. Este escenario ha obligado a implementar soluciones logísticas emergentes, como la redistribución de combustibles entre distintas regiones para cubrir déficits puntuales.

En cuanto a la capacidad de almacenamiento, la regulación establece un mínimo de cinco días de inventario; sin embargo, reportes del sector indican que en varias zonas este nivel no se cumple. En Reynosa, por ejemplo, los inventarios han llegado a cero, mientras que en el Valle de México apenas alcanzan tres días, lo que incrementa la vulnerabilidad ante interrupciones en el suministro.

Entre las causas principales se encuentra el incremento en los precios internacionales de combustibles. De acuerdo con reportes especializados, la gasolina importada ha registrado un aumento de 58.6 %, mientras que el diésel ha subido 32 % entre finales de febrero y mediados de abril. A esto se suma el incremento en los costos logísticos, con tarifas de transporte marítimo que pasaron de 225 mil a 415 mil dólares, es decir, un aumento superior al 80 % debido a la limitada disponibilidad de embarcaciones.

Asimismo, la producción nacional enfrenta limitaciones. La caída en la extracción de crudo y fallas operativas en refinerías reducen la capacidad de procesamiento interno, obligando a incrementar las importaciones en un contexto de precios elevados. Este escenario se complica aún más por la existencia de controles en los precios al consumidor, lo que restringe la capacidad de ajuste del mercado.

Por otro lado, empresas privadas como Valero y Repsol han optado por reducir sus volúmenes de importación como respuesta al encarecimiento del petróleo, influenciado por tensiones geopolíticas y restricciones en rutas clave como el Estrecho de Ormuz.

En conjunto, estos factores configuran un entorno de alta presión para el sector energético mexicano, donde la combinación de variables internas y externas podría traducirse en riesgos para la estabilidad del suministro, incrementos de costos y efectos en la actividad económica nacional.