Una corte en Ontario, Canadá, emitió un fallo que modifica el desenlace de un prolongado litigio entre el Estado mexicano y exinversionistas de la empresa de servicios petroleros Oro Negro, estableciendo nuevas obligaciones económicas para el país.

La disputa tiene su origen en contratos de arrendamiento de plataformas petroleras firmados con Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el periodo 2013-2017. Los inversionistas argumentaron incumplimientos en los pagos pactados, lo que dio lugar a una reclamación por aproximadamente 270 millones de dólares.

Tras varios años de procesos legales en distintas instancias, el tribunal canadiense resolvió revertir una decisión previa que favorecía al Estado mexicano. Como resultado, se estableció la obligación de cubrir la compensación reclamada, además de ordenar el pago adicional de 100 mil dólares por concepto de costos procesales, los cuales deberán liquidarse en un plazo máximo de 30 días.

El caso ha pasado por diversos órganos judiciales y arbitrales. En agosto de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) había determinado que no contaba con jurisdicción para resolver la controversia, argumentando que algunos inversionistas tenían doble nacionalidad y que las pérdidas reclamadas eran de carácter indirecto. A pesar de ello, en ese momento se emitió un laudo favorable al Estado mexicano.

Posteriormente, en noviembre de 2024, los inversionistas iniciaron un nuevo procedimiento ante la justicia canadiense con el objetivo de invalidar dicha resolución, lo que finalmente derivó en el fallo actual.

Cabe destacar que la empresa Oro Negro fue declarada en quiebra el 14 de junio de 2019, tras enfrentar problemas financieros derivados de estos conflictos contractuales. La compañía había sido fundada en 2009 y contaba entre sus inversionistas con figuras relevantes del ámbito empresarial.

Este episodio evidencia la complejidad de los litigios internacionales en el sector energético, así como los riesgos asociados a contratos de gran escala, donde factores legales, financieros y regulatorios pueden tener impactos significativos para las partes involucradas.