El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ha señalado que la falta de órganos autónomos en el sector energético de México representa un obstáculo significativo para las inversiones en el país. Esta preocupación surge tras la reciente aprobación de la reforma constitucional que modifica el estatus de empresas clave como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), poniéndolas bajo un mayor control del gobierno federal.

Según el CEESP, el gobierno mexicano asumirá una gran responsabilidad financiera sobre estas entidades, con un 54% de los recursos del presupuesto 2025 destinados a la CFE y el 46% a Pemex. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, las políticas actuales y la situación financiera pública no favorecen una mayor inversión privada en el sector energético. La centralización de la gestión y la falta de independencia de estas empresas podrían limitar su capacidad para mejorar en eficiencia y competitividad.

Además, la reforma constitucional y la incertidumbre creada en torno a las reglas del sector podrían desincentivar tanto a inversores nacionales como extranjeros, especialmente en un contexto de nearshoring donde México podría ser altamente competitivo.