Por Luis Vielma Lobo
Ejecutivo con más de 40 años de experiencia en la industria, director de varias empresas y presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios (AMESPAC).
Cualquier inversionista que observe el daño económico y ambiental de las emisiones de carbono debe tener una visión más amplia de su responsabilidad fiduciaria.
Hoy día, estos grupos están más conscientes sobre el riesgo material que representa la crisis climática para los portafolios de las empresas petroleras. Estas organizaciones, como miembros de un colectivo, viven las consecuencias de las inundaciones, las sequías y los fenómenos meteorológicos inesperados, los cuales siempre generan gastos cuantiosos.
Esta es una de las principales razones por la cual muchas instituciones han hecho público el apoyo al COP26, o Acuerdo de París, donde se generó el compromiso de sus integrantes para desarrollar planes consistentes y reducir las emisiones de gases para lograr la meta de cero emisiones hacia el año 2050.
Las compañías petroleras han impuesto la lógica de aumentar la inversión en hidrocarburos como un tema prioritario el cual se hace más urgente por la crisis energética que ha ocasionado el conflicto Rusia-Ucrania y su impacto en Estados Unidos, obligándolo a usar sus reservas estratégicas, y en la Unión Europea creando un déficit en el suministro de gas al cerrar los corredores del principal gasoducto Nord Stream, el cual permite transportar alrededor del 50% del gas requerido por los países de Europa.
Este conflicto bélico ha provocado un aumento en los precios del petróleo y ha logrado que los mismos se estabilicen con muy poca variabilidad en rangos que les permiten a las grandes empresas productoras sentirse aventajadas, ignorando la relevancia catastrófica de diferentes eventos vividos en varios lugares del mundo asociados con la crisis climática. Las grandes ganancias de las empresas petroleras y los temores de una creciente inseguridad energética levantaron el estado de ánimo defensivo en sus asambleas de accionistas.
Muchos de los ejecutivos petroleros, expertos en el negocio de convertir hidrocarburos en petrodólares, son reacios a liderar una verdadera transición energética. Sus beneficios personales de corto plazo sobrepasan cualquier necesidad de la sociedad a nivel global. En oportunidades, la arrogancia corporativa alcanza niveles estratosféricos, haciéndoles olvidar que son también afectados como el resto de la comunidad mundial. Ese aspecto emocional les impide responderse una pregunta sencilla: ¿cómo podría una empresa petrolera obtener beneficios similares en proyectos de energías renovables? Pregunta considerada por muchos ejecutivos fuera de lugar, pues el camino andado por la industria petrolera lleva más de doscientos años y las energías renovables apenas comienzan.
Adicionalmente la percepción es otra, las primeras son un verdadero negocio, las segundas hasta ahora son un negocio marginal, y se tiene, además, que desarrollar por obligaciones gubernamentales o regulatorias. No muchos han pensado que las ganancias de hoy deberían financiar la exploración de nuevos modelos de negocio y pocos han pensado que cada día se va acercando el momento en el cual los ejecutivos de dichas empresas podrán ser acusados de negligencia e irresponsabilidad legal o judicial, y ese será el momento donde el uso de hidrocarburos fósiles verdaderamente colapsará.
De allí la importancia de un mayor involucramiento de los inversionistas en el tema de transición energética, pues al final quienes dirigen las empresas rinden cuentas a la asamblea de accionistas. Algunos de ellos están conformando organizaciones de activistas en estos asuntos, para hacer valer su opinión y el poder en sus asambleas y de esta manera obligar a los ejecutivos de los directorios empresariales a revisar y reacomodar portafolios, cuya consideración de proyectos de energías alternas no alcanza ni el 10% del total de los programas de inversiones anual. Si el derecho a votar en las juntas generales es el único poder significativo ejercido por los accionistas, entonces ¿Por qué es tan difícil para las mismas instituciones votar a favor de resoluciones que se alineen con sus políticas anunciadas para lograr los objetivos de París?
Por otra parte, a los gestores de activos, cuyo rendimiento se mide trimestralmente, les preocupa que el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones a mediano plazo conduzca a una disminución de los beneficios a corto plazo. Esto es, priorizan las ganancias a corto plazo sobre el riesgo al largo. El desarrollo de nuevos proyectos de petróleo y gas puede llevar una década o más, mientras que los proyectos de energías alternas, eliminación de quema de gas y captura de emisiones de CO2 toman menos tiempo. No entender esto es hacerse cómplice de un desastre climático, el cual ya ha detonado experiencias catastróficas.
Mientras los inversores permitan que las compañías petroleras hagan lo que mejor saben, estas se apegarán a su estrategia de invertir más para incrementar la capacidad de producción y el manejo de petróleo y gas mucho más allá de los límites del Acuerdo de París, mientras presionan contra la legislación climática e incluso ignoran en gran medida los fallos judiciales para frenar todas las emisiones en esta década. Las petroleras necesitan cambiar verdaderamente, o el COP26 habrá fracasado y todos vamos a perder. La decisión final está en manos de los accionistas, verdaderos dueños de las empresas privadas.
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