De aprobarse por el Poder Legislativo, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el gobierno de México desmantelaría a la industria de energía renovable en nuestro país. Esto encarecería la generación de electricidad y produciría daños irremediables al medio ambiente, cancelando la transición energética en el país y posicionando a México en contra de la lucha global frente al cambio climático, consideran la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar.
En un comunicado conjunto, ambas Asociaciones precisaron que la iniciativa de Reforma busca eliminar la lógica económica y ambiental en el despacho de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional. Esto significa que se le dará prioridad a energía sucia y más costosa, transformando dos de las principales ventajas de la energía renovable de nueva generación, ser barata y limpia, en desventajas irremontables ante la Constitución, imposibilitando su operación.
De acuerdo con los organismos, al hacer a un lado a las energías renovables, México violaría flagrantemente el Acuerdo de París y las metas obligatorias de energía limpia en la legislación nacional. También se imposibilitaría el cumplimiento de los ambiciosos compromisos de mitigación de emisiones de empresas líderes, al forzarlas a consumir energía sucia, y se impactaría irremediablemente la competitividad mexicana.
“Los generadores eólicos y solares hemos contribuido responsablemente al desarrollo sustentable del país. El 99 por ciento de la energía eólica y solar que se genera en México es producto de la inversión privada. Su generación ha permitido la mitigación de 19 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. Los más de 300 proyectos eólicos y solares en operación suman una capacidad total de más de 12.9 gigawatts, representan 19 mil millones de dólares de inversión directa, nacional y extranjera, y más de 86 mil empleos en todo el país. Además, a través de la generación distribuida, hemos instalado paneles que suministran de electricidad limpia, renovable, a más de 240 mil hogares, comercios y pequeñas industrias”destacaron.
Asimismo, señalaron que la CFE ha preferido históricamente la generación eléctrica con fuentes fósiles. Mientras la capacidad instalada de energía renovable del sector privado se multiplicó por 7 en los últimos 7 años, la contribución de CFE al desarrollo de capacidad instalada en energías eólicas y solares fue cercano a cero.
“Hemos ganado nuestra participación de mercado compitiendo en costos. Relegar, o incluso excluir, a los actores privados que han invertido en el desarrollo y la sustentabilidad del país, tiene efectos retroactivos y expropiatorios y, lo más grave, elevaría el costo de la electricidad. Ello impactaría en la economía de las familias y debilitaría la competitividad de la economía en su conjunto”, advirtieron.
Cabe recordar que, ante el momento crítico para revertir los efectos del cambio climático que hoy ya generan inundaciones, incendios y sequías con dolorosos efectos en la población, la semana pasada, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Secretario General António Guterres recordó que a nivel global se necesita recortar el 45 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. El reto demanda la suma de esfuerzos de todos, sociedad y gobierno, para enfrentar un desafío inédito. Tan sólo en México hay que invertir más de 6,200 mdd anuales para llegar a las metas antes de 2030. Esto es 3 veces el presupuesto anual de inversión de la CFE.
“Hacemos un llamado al Poder Legislativo a considerar los múltiples e irreversibles efectos adversos de esta iniciativa en su discusión y eventual votación, exhortaron la AMDE y la Asolmex.
