Al presentar su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la transformación está en marcha, con lo cual se ha puesto al descubierto la gran farsa neoliberal para auspiciar el cambio de mentalidad del pueblo mexicano.

Destacó que una de las principales medidas que se han tomado durante su administración, ha sido la de poner un alto a la tendencia privatizadora, dejando de entregar concesiones a particulares en minas, hospitales, agua, puertos, vías férreas, y obras públicas, pero sobre todo en el sector energético.

El mandatario aseguró que su nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume para dejar de importarlas. Con dicho fin, se continúan destinando recursos para la modernización de las seis refinerías existentes. En tres años, la inversión pública destinada a las refinerías ha sido de 33,581 millones de pesos.

“Al inicio de nuestra administración las refinerías transformaban 511 mil barriles por día y ahora procesan 706 mil barriles diarios, es decir, 38 por ciento más”, precisó.

Informó que, con el reinicio de la construcción de la coquizadora de Tula, Hidalgo, se ampliará la producción de dicha refinería en 70 mil barriles diarios de combustibles y que en julio de 2022 se terminarán las obras de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, la cual tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo.

Explicó que con la adquisición por 596 millones de dólares de la mitad de la refinería de Deer Park, en Texas, se producirán 150 mil barriles diarios de combustibles que se destinarán al abasto del mercado interno de México.

“Esta nueva política energética significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del país. Con esta producción moderada, cumpliremos el compromiso de reponer el 100 por ciento de las reservas y ayudaremos a disminuir el uso excesivo de combustibles fósiles no afectar el futuro de las nuevas generaciones”, señaló.

En cuanto a la industria eléctrica, dijo que este mismo mes va a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional “que permitirá repara el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular, pues mientras el mercado de dicha industria se abrió, para dar preferencia a empresas particulares, tanto nacionales como extranjeras con la entrega de subsidios, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas, pero ahora se están modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón en la producción de electricidad”.

La meta, dijo, es tener abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales.