La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) envió comentarios y recomendaciones a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) respecto a un proyecto de regulación presentado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), solicitando la exención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) que modifica el esquema bajo el que operan los permisos de autoabastecimiento y cogeneración, al considerar que los cambios propuestos podrían tener efectos contrarios a la competencia.

El Anteproyecto de resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por la que modifica las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los términos para solicitar la autorización para la modificación o transferencia de permisos de generación de energía eléctrica o suministro eléctrico, que ya ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), elimina la posibilidad de que los usuarios que ya firmaron contratos con la CFE Suministro Básico bajo la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) puedan integrarse como socios de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración.

En opinión de la COFECE, esto podría tener los siguientes efectos:

Generar mayor incertidumbre, reduciendo los incentivos para invertir y se limita la posibilidad de competir en el mercado, pues implica un cambio sustantivo de las reglas del sector eléctrico, lo cual podría dificultar la recuperación de las inversiones realizadas o proyectadas, lo que podría desmotivar las inversiones en expansión y en mantenimiento de las centrales, retrasando la sustitución tecnológica. La incertidumbre también podría generar la salida de algunos oferentes, reduciendo el número de competidores en el mercado, lo que se agrava en el contexto de retraso de otorgamiento de nuevos permisos de generación por parte de la CRE (lo que dificulta aún más migrar al nuevo régimen) y de la suspensión de las subastas de largo plazo (que impide recolocar la electricidad generada en el mercado).

Se limitan las opciones de los usuarios del servicio básico, pues habría puntos de consumo (industrias) que no podrían darse de alta en los contratos de autoabastecimiento y estarían obligados a permanecer o a contratar el servicio con CFE Suministro Básico, aun cuando pudieran obtener mejores condiciones asociándose a autogeneradores o cogeneradores.

Se otorgan ventajas exclusivas a CFE Suministro Básico, pues las modificaciones planteadas le permiten retener de manera artificial a sus clientes, y no mediante la oferta de mejores condiciones en el servicio.

El 5 de octubre la CRE presentó a la Conamer el citado proyecto de regulación y, en sesión extraordinaria el 6 de octubre, la CRE aprobó dicho proyecto, a pesar de que hasta ayer no era público ni conocido que la Conamer había emitido el dictamen final de exención de la AIR.

Los permisos de autoabastecimiento y cogeneración surgieron en diciembre de 1992, cuando se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica con la finalidad de ampliar y definir la participación de particulares en la generación de electricidad. Esto dio a los usuarios industriales una alternativa de suministro a la CFE.

Con la publicación de la LIE, en 2014, se estableció un esquema transitorio para que dichos permisos pudieran convivir con los otorgados al amparo del nuevo marco normativo, respetando las condiciones en las que fueron concedidos originalmente para que las inversiones pudieran recuperarse.

Por lo tanto, más allá de las consideraciones en competencia, la COFECE señaló a la Conamer que si el regulador considerara necesario modificar el régimen de transición bajo el que operan estos permisos, debería hacerlo respetando lo establecido en los transitorios de la LIE y evitando otorgar ventajas exclusivas a CFE Suministro Básico.

Asimismo, señaló que el Anteproyecto debería someterse al procedimiento de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ante la Conamer, previo a ser publicado en el DOF, lo cual no ocurrió. La COFECE reitera la importancia de someter los proyectos de regulación al AIR ya que esto ayuda a evidenciar las posibles consecuencias (tanto positivas como negativas) de las decisiones regulatorias y los posibles costos de oportunidad que implican. Mediante este proceso, todas partes interesadas tienen la oportunidad de presentar comentarios a la regulación propuesta.