La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se han iniciado siete investigaciones contra funcionarios públicos por presunto huachicol fiscal, en áreas estratégicas vinculadas al sistema portuario y aduanero del país. La respuesta se dio en el marco de la glosa de su Primer Informe de Gobierno, tras cuestionamientos del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado.

Los órganos internos de control de las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Guaymas, Tampico y Ensenada, junto con la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México, encabezan las indagatorias. El objetivo es determinar posibles responsabilidades individuales y colectivas, tanto de servidores públicos como de particulares, en caso de acreditarse irregularidades.

El llamado “huachicol fiscal” se refiere a esquemas de contrabando y evasión de impuestos, particularmente en el sector de combustibles, mediante prácticas como la simulación de importaciones, la subvaluación de mercancías o la clasificación incorrecta de productos para evitar el pago de aranceles e impuestos especiales. “Las investigaciones se realizan sin distinción de jerarquías, cargos o filiaciones políticas”, subrayó el documento oficial.

Las autoridades destacaron que los procedimientos se conducen bajo los principios de legalidad, debido proceso, imparcialidad y presunción de inocencia. En caso de acreditarse irregularidades, las consecuencias podrían incluir inhabilitación para ejercer cargos públicos, sanciones económicas, destitución e incluso denuncias penales ante la Fiscalía correspondiente.

El caso se da en un contexto de mayor presión política para reforzar la vigilancia en puertos y aduanas, considerados puntos sensibles para la seguridad nacional y la recaudación fiscal. La transferencia del control operativo de estos recintos a la Secretaría de Marina en años recientes forma parte de la estrategia para combatir el contrabando, la corrupción y el tráfico ilícito, problemáticas que siguen siendo un desafío para el Estado mexicano.