El martes se anunció que TC Energy perdió su reclamo ante un tribunal de resolución de disputas inversionista-Estado respecto a la cancelación del controvertido oleoducto Keystone XL por parte del Presidente Biden en 2021. La empresa canadiense había solicitado una compensación de más de 15 mil millones de dólares, argumentando que la cancelación del proyecto violaba las disposiciones del TLCAN.
El tribunal determinó que las protecciones establecidas en el Anexo 14-C del T-MEC, que reemplazó al TLCAN, no eran aplicables en este caso específico, ya que las supuestas violaciones ocurrieron después de la entrada en vigor del T-MEC el 1 de julio de 2020. Según TC Energy, la decisión del tribunal limita injustamente su capacidad para presentar reclamos bajo las disposiciones heredadas del TLCAN.
Patrick Keys, vicepresidente ejecutivo y asesor general de TC Energy, expresó su decepción y frustración, argumentando que la revocación del permiso fue motivada por consideraciones políticas más que por razones legales o ambientales.
Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), destacó que, aunque la decisión no establece un precedente grave para México, subraya la importancia de las disposiciones de resolución de disputas bajo el T-MEC para proteger sectores estratégicos como la infraestructura y los hidrocarburos.
La decisión del tribunal resalta la complejidad y las implicaciones políticas de las decisiones regulatorias en el sector energético, especialmente en proyectos transfronterizos como Keystone XL.
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