La administración federal identificó 2,937 intentos de ingreso irregular de petrolíferos entre octubre de 2024 y junio de 2025, en los que se simuló la importación de aceites no gravados para evadir impuestos aplicables a gasolinas y derivados del petróleo. Este esquema, conocido como huachicol fiscal, representa un promedio de 11 casos diarios en las aduanas del país, según el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) estima que estas prácticas generan una pérdida mensual de 3 mil millones de pesos, al documentar productos con menor carga fiscal para introducir combustibles de forma irregular. La embajada de Estados Unidos en México reconoció que empresas estadounidenses están involucradas en este tipo de operaciones, lo que añade una dimensión internacional al problema.

La estrategia del gobierno se ha centrado en reclasificar correctamente las mercancías y reforzar la vigilancia en puntos clave de ingreso. El informe destaca que la detección oportuna permitió incrementar la recaudación fiscal, en un contexto donde el control sobre hidrocarburos se ha vuelto prioritario por su impacto económico y regulatorio.

En paralelo, se emitieron órdenes de embargo por subvaluación y se iniciaron procesos de cancelación contra agentes aduanales y empresas vinculadas al comercio exterior, aunque el foco principal ha sido el combate al huachicol fiscal. Las autoridades han señalado que este tipo de evasión no solo afecta la recaudación, sino que distorsiona el mercado energético nacional.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, subrayó que existe margen para triplicar los ingresos aduaneros, al considerar que el sector externo representa 73 % del PIB, mientras que las aduanas aportan apenas 25 % de los ingresos públicos. “Hay un potencial importante en materia de control, supervisión y recaudación”, afirmó.

La fiscalización de petrolíferos en aduanas se ha convertido en un componente clave de la política fiscal del gobierno, con el objetivo de cerrar espacios de evasión estructural, garantizar la legalidad en el comercio energético y proteger los ingresos públicos frente a prácticas sistemáticas de simulación.