La Asamblea Nacional de Venezuela está considerando reformas a la ley petrolera del país para que se abra a la inversión privada. La propuesta permitiría a las empresas particulares tener una participación mayoritaria en las asociaciones de exploración y producción con la petrolera estatal PDVSA, la cual tendrá la capacidad de exportar directamente el crudo, y de esta manera atacar los problemas que han limitado la rentabilidad de las compañías desde que Hugo Chávez creó el modelo de asociaciones en 2007.

La iniciativa también permitiría a PDVSA vender sus refinerías a empresas privadas y mantiene los niveles actuales de regalías para el crudo, además de crear un requisito mínimo de 25 por ciento de contenido local en los proyectos petroleros para 2028, lo que representaría una gran victoria para las empresas venezolanas de ingeniería y contratación, sin embargo, omite la creación de un ente regulador independiente que supervise las subastas de concesiones.

La ley actual impide que las compañías extranjeras posean una participación mayoritaria en sus empresas conjuntas y exige a la estatal operar los proyectos; la iniciativa ha generado una amplia aceptación en la coalición opositora sobre la necesidad de abrir el sector a la inversión privada, por lo que el debate para su aprobación ha tomado más tiempo de lo esperado.

En caso de que el plan sea aprobado por el Congreso, tendría poco impacto inmediato dado que Maduro considera que las acciones de la Asamblea carecen de efecto tras crear en 2017 un cuerpo legislativo paralelo. Sin embargo, la propuesta da una idea del tipo de políticas que pueden esperar las petroleras si Guaidó tiene éxito en su búsqueda de tomar el poder.