La calificadora S&P señaló que el alto déficit fiscal y el incremento de la deuda pública, junto con los mayores apoyos financieros a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podrían derivar en una reducción de la calificación crediticia de México, actualmente ubicada en “BBB” con perspectiva estable.

El informe advierte que si no se logra contener los déficits, la carga de intereses y los pasivos contingentes de las empresas estatales podrían presionar aún más las finanzas públicas. “Finanzas públicas más débiles, combinadas con el riesgo de un mayor apoyo extraordinario a Pemex y CFE, podrían derivar en una baja de la calificación”, indicó la agencia.

La calificadora también subrayó que las deficiencias operativas y financieras de Pemex representan uno de los principales riesgos internos para el país, mientras que la CFE enfrenta retos en materia de inversión y modernización de infraestructura eléctrica. Estas condiciones, sumadas a un crecimiento económico limitado, reflejan vulnerabilidades estructurales en el sector energético.

En contraste, S&P destacó como fortalezas la flexibilidad monetaria y externa de México, resultado de reformas que han permitido un tipo de cambio flexible y una política monetaria creíble. Sin embargo, advirtió que la falta de una estrategia industrial eficaz en colaboración con el sector privado ha limitado la inversión en petróleo, gas y electricidad, sectores clave para el desarrollo económico.

La agencia recordó que el gobierno ha impulsado cambios regulatorios en energía para atraer inversión privada, pero la respuesta inicial ha sido moderada. La incertidumbre sobre el futuro del T-MEC y los patrones globales de comercio también representan obstáculos para el crecimiento de proyectos energéticos.

Finalmente, S&P señaló que una mejora en la calificación soberana dependerá de medidas que fortalezcan la flexibilidad presupuestaria, amplíen la base tributaria no petrolera y reduzcan la dependencia de los apoyos extraordinarios a Pemex y CFE. La firma enfatizó que el desempeño económico de largo plazo y la capacidad de impulsar inversión privada en el sector energético serán determinantes para la estabilidad financiera del país.