El 29 de noviembre de 2021 el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobó la creación de una empresa filial encargada de comercializar petrolíferos (gasolinas, diésel, combustóleo, entre otros), gas y petroquímicos en el país con el objetivo de “fortalecer e incrementar la participación de Pemex en el mercado nacional”.

La nueva empresa concentrará algunas de las actividades que actualmente son responsabilidad de Pemex Transformación Industrial (PTI), una empresa productiva subsidiaria, cuyo marco legal en materia de transparencia la obliga a reportar sus hojas de balance y sus estados financieros en la Cuenta Pública, así como a licitar sus contratos de adquisiciones de bienes y servicios.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la creación de esta empresa filial abre un margen para la discrecionalidad y la opacidad pues las empresas filiales, a diferencia de las empresas subsidiarias, no están sujetas a las obligaciones de transparencia de las empresas productivas del Estado de acuerdo con el artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos. Por ejemplo, sus estados financieros no tienen la obligación de ser públicos ni tienen tampoco las mismas obligaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios.

“Esto no significa que las empresas filiales sean un problema en sí mismas, pues el espíritu de su diseño fue permitir a las empresas del Estado incursionar en ciertas actividades que no son centrales en su modelo de negocio, pero que pueden representar negocios atractivos con la posibilidad de hacer alianzas o joint ventures con empresas privadas. Existen casos exitosos de filiales tanto en términos de sus modelos de negocio como en materia de transparencia”, señala el Instituto en un comunicado.

Según el IMCO, la filial deberá operar bajo condiciones de mercado, respetando la regulación asimétrica de la que está sujeta Pemex en el mercado de gasolinas (prohibición de ventas atadas y contratos exclusivos, obligación de reportar a la CRE su esquema de costos, entre otras) para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Instituto considera que una buena práctica sería que la filial publique de manera proactiva sus hojas de balance y sus estados financieros, como parcialmente lo hicieron CFEnergía y CFE Internacional durante 2017 y 2018, aunque no tenga la obligación legal de hacerlo e implemente prácticas que garanticen una mayor rendición de cuentas a la ciudadanía. De otra forma no será posible evaluar los resultados de este ajuste en la estructura de Pemex en la rentabilidad de la empresa productiva del Estado.