La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la empresa Marinsa de México por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles, luego de detectar movimientos financieros por más de 22 mil millones de pesos entre 2019 y 2022 cuyo origen no está documentado como lícito.

De acuerdo con un dictamen contable de la FGR, Marinsa habría recibido 12 mil 685 millones de pesos en moneda nacional y 512 millones de dólares –equivalentes a 10 mil 705 millones de pesos– a través de operaciones sin respaldo legal. Las transferencias alertaron a las autoridades por ser calificadas como «incongruentes» en el contexto de esquemas de huachicol, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Marinsa, subsidiaria del Grupo Cemza y con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y opera en nueve países. Su principal accionista es José Luis Zavala Solís, señalado como persona de “alta prioridad” por la inusualidad de sus operaciones financieras, que incluyen transferencias entre sus propias cuentas y el fondeo desde otras empresas del grupo, como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste.

La investigación tuvo origen en una denuncia anónima que vinculó a Zavala con contratos otorgados por Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como con presuntas actividades de traspaso ilegal de combustible desde instalaciones en Isla del Carmen.

En 2019, Grupo Cemza se asoció con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La sociedad obtuvo un contrato trianual con Pemex por 231 millones de pesos para la inyección de químicos en pozos marinos, el cual fue rescindido en 2020 tras revelarse la relación familiar.

Además, Zavala mantuvo vínculos empresariales entre 2005 y 2022 con Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta, sobrinas del expresidente, en la empresa Servicios y Alimentos Bistro S.A. de C.V., hoy subsidiaria de Cemza, según información difundida por Mexicanos Contra la Corrupción.

Como consecuencia de la investigación, en diciembre de 2022 la FGR abrió una carpeta formal contra Zavala, Grupo Cemza y Marinsa. En 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de varias empresas del grupo, incluyendo Marinsa, aunque posteriormente los involucrados obtuvieron amparos que permitieron el descongelamiento de los recursos.

Las empresas señaladas además de Marinsa incluyen a Maren Marine Energy, Marinsa Turismo, Enermar Servicios Marinos del Sureste, Júpiter Suministros y Servicios, Reparaciones Navales Zavala y Prestadora de Servicios Corporativos (Presco).