La reforma constitucional de 2013 en materia energética fue una estafa y un engaño hacia los mexicanos ya que prometía una serie de beneficios para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y para la sociedad en general, pero ninguna se cumplió, señaló Rubén Cuevas Plancarte, Director de Administración de la CFE, durante una serie de reuniones informativas con trabajadores.

Cuevas Plancarte comparó los supuestos beneficios anunciados para promover la legislación vigente con lo que en realidad sucede en la actualmente. Dijo que uno de los objetivos era reducir los costos del servicio eléctrico en beneficio de la población y de la industria, pero solo se otorgan beneficios económicos ilimitados al sector privado con tarifas mínimas y preferenciales.

“Otro objetivo era regular el desarrollo del sector e imponer a las participantes obligaciones de interconexión y tarifas de porteo transparentes. ¿Cuál es la realidad? las empresas privadas generadoras de energía no pagan el costo real de utilizar la red de Transmisión de CFE, ni pagan el respaldo a las energías intermitentes”, expuso.

En 2013 también se mencionaba que el Estado no perdería la rectoría en el control del sistema eléctrico, sin embargo, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) solo despacha entre el 38 y 39% de la electricidad de la CFE y bajo este esquema, el sector privado tendría el control del mercado eléctrico en pocos años e impondría sus propias tarifas. “La tendencia es que desparecería la CFE”, expresó.

“También se comentaba que se iba a garantizar un despacho eléctrico eficiente de la energía generada por las centrales eléctricas, bajo principios de eficiencia e imparcialidad, pero en la realidad CENACE despacha preferentemente la energía generada por los privados, sin considerar los costos reales de la generación”, señaló.

Otro supuesto objetivo de la reforma de 2013 era asegurar la confiabilidad, calidad, continuidad, sostenibilidad y eficiencia del suministro eléctrico, pero actualmente suceden casos como el de febrero de 2021 en el que, ante el alza de precios de combustibles, los generadores privados apagaron sus centrales y la CFE tuvo que salir al rescate para satisfacer toda la demanda de energía. Esa crisis le costó a la CFE 75 mil millones de pesos.

Cuevas Plancarte dijo que también se prometió que habría un proceso de interconexión que aumentaría la transparencia y eficiencia en el otorgamiento de acceso a la red de transmisión. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó permisos de generación de manera indiscriminada, sin considerar la estabilidad del SEN, por lo que actualmente hay un exceso de permisos y una sobreoferta de electricidad.

La reforma energética de 2013 planteaba la creación de un mercado competitivo, que colocaría a la CFE en condiciones de competir y le otorgaría incentivos para hacer más eficientes sus propios procesos, pero se crearon empresas desleales como las sociedades de autoabasto que encubren un fraude a la ley y una posible evasión de impuestos al reportar como socios a quienes en realidad son clientes.

El directivo enfatizó que la CFE ha sido afectada en sus finanzas al absorber parte de los costos de generación y de transmisión de los privados, además de que la energía no despachada, debido a las restricciones impuestas, también genera una pérdida para la empresa nacional.

Cuevas Plancarte destacó que, a diferencia de la reforma de 2013, la actual Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Energética, impulsada por el presidente de la República no se hará “en lo oscurito” y por ello se llevan a cabo las reuniones informativas en las que se presenta a los trabajadores los detalles de la propuesta.

Durante su participación en la reunión informativa del 4 de noviembre, Miguel Alejandro López López, Subdirector de Contratación y Servicios, destacó que la CFE cuenta con capacidad suficiente para suministrar el 85% de la energía que necesita el país, sin embargo, las restricciones impuestas en las reglas de despacho actuales la limitan a proveer solo el 39% de la electricidad que se consume en México.

Al abordar el tema de las sociedades de autoabasto López López dijo que esta figura se utiliza para encubrir un fraude a la ley y una posible evasión de impuestos al reportar como socios a quienes en realidad son clientes. Explicó que, si se trataran de socios cada uno de los participantes se beneficiaría con dividendos, cosa que no sucede, ya que realmente lo que se tiene es una relación comercial. Además, señaló que la ley vigente otorga a las sociedades de autoabasto subsidios en el transporte de la energía y prioridad en el despacho, lo que les proporciona ventajas adicionales. Sin embargo, recordó que en la crisis energética de febrero pasado las centrales generadoras de las sociedades de autoabasto dejaron de producir electricidad ante el encarecimiento de los combustibles, pero sus clientes continuaron con su consumo de electricidad y fue la CFE quien salió a su rescate.