La titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial de Baja California (SIDURT), Karen Postlethwaite Montijo, esclareció la desinformación existente sobre la iniciativa del gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, para realizar una licitación para el desarrollo de una planta fotovoltaica en la entidad, con el fin de proporcionar energía eléctrica al Acueducto Río Colorado-Tijuana.

Según los estudios realizados por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Baja California tiene un déficit aproximado de entre 400 y 480 mega watts (MW) durante el periodo de verano. Este déficit se abate actualmente con la licitación de plantas temporales, conocido como el “protocolo correctivo”.

Esto significa que durante el verano existen estas plantas provisionales —las cuales se alimentan principalmente de gas— para cubrir esta energía que le hace falta al estado.

Hoy el consumidor número uno de energía en Baja California es el acueducto Río Colorado-Tijuana (que es una instalación que lleva el agua desde el Río Colorado hasta la Zona Costa), el cual le cuesta al erario público mil millones de pesos al año en consumo de energía.

Siendo la energía, así como el agua, un elemento estratégico y vital, el gobernador Jaime Bonilla instruyó a la SIDURT desarrollar alternativas para reducir ese déficit, y así atraer industrias e inversiones al estado ofreciendo la capacidad de energía que se requiere.

La SIDURT trajo a la mesa la posibilidad de hacer una licitación abierta para el desarrollo de una planta fotovoltaica, la cual además de solucionar el déficit de energía, provee una serie de beneficios a tomar en cuenta, entre ellos: una fuerte inversión de infraestructura en el estado; la venta de energía al acueducto en un mejor precio que el que se paga actualmente; y la posibilidad de abatir aproximadamente el 20% del déficit de energía en Baja California.

A su vez, este ahorro lograría que la Comisión Estatal del Agua (CEA) tenga el dinero suficiente —bajo el mismo presupuesto— para invertir en la distribución de agua en bloque, lo cual solucionaría los problemas de distribución de agua que existen actualmente en los municipios de Tijuana y Ensenada.

Es por esto que el gobernador Jaime Bonilla Valdez envió al Congreso del estado un dictamen de decreto que le autoriza realizar una licitación para un contrato plurianual para la compra de energía; una licitación abierta y de escala nacional que invitaría a una empresa a instalar un parque fotovoltaico en Baja California que venda energía limpia, renovable y a un precio razonable al gobierno del estado.

Conviene aclarar también que la instalación del parque fotovoltaico no es una obra pública ni es una asociación pública-privada. Su construcción y mantenimiento no implicará la inversión de fondos del erario público; lo único que haría el Gobierno del Estado sería comprar directamente la energía producida, pero a un precio reducido y más estable con respecto al que se paga actualmente.

Se estima que lo que invertirán los desarrolladores para Baja California en la construcción de esta planta esté arriba de los 200 millones de dólares, y que además de la infraestructura se genere un amplio número de empleos directos e indirectos para su función y mantenimiento.