Cambiar las reglas de despacho de energía eléctrica afectaría el medio ambiente, la salud y la economía de las familias mexicanas, asegura México Evalúa

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En una carta dirigida a los legisladores del Congreso de la Unión, la organización México Evalúa expresó su preocupación acerca de la iniciativa presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), ya que el cambio en las reglas de despacho de energía eléctrica, que tiene como fin privilegiar a plantas de la CFE independientemente de los costos de generación, tiene implicaciones relevantes para el futuro de nuestro país y el bienestar de sus habitantes.

En este sentido, México Evalúa solicitó a los Diputados asumir la gran responsabilidad de su cargo y valorar a conciencia si vale la pena afectar directamente a la salud, el empleo, el medio ambiente, la economía de las familias mexicanas de esta generación y las venideras.

Tras el inició de las discusiones en el Parlamento abierto la Organización dijo que: La iniciativa es contraria a la Constitución y los tratados internacionales, afectará el bolsillo y la salud de los mexicanos y provocaría una caída en la inversión y en las fuentes de empleos para el país.

De acuerdo con México Evalúa, al eliminar como objetivo la libre competencia en la prestación de los servicios de generación y comercialización de energía eléctrica, y otorgar ventajas a las centrales de la CFE mediante la creación de los Contratos de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física, la iniciativa contraviene el régimen de libre competencia previsto en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, cuyo objetivo es alcanzar menores costos y mayor diversidad de productos en comparación con un modelo de monopolio, lo que se traduce en beneficios para todos los mexicanos, en tanto usuarios y consumidores.

Ante este panorama, aseguró que es imperativo que los legisladores tomen en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente decretó la inconstitucionalidad del cambio en las reglas de mecanismo de despacho económico que se establecía en el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, el cual va en el mismo sentido que las modificaciones que se pretenden hacer en la LIE.

“Si esta reforma a la ley se llega a aprobar, será una irresponsabilidad legislativa, pues se sabe con antelación de su inconstitucionalidad. Además, de aprobarse esta iniciativa México estaría incumpliendo compromisos internacionales en materia comercial y medioambiental”, afirmó.

Para Verónica Irastorza, directora asociada de NERA México, despachar en último lugar a las plantas de generación eólica y solar aumentaría los costos anuales de producción entre 1,350 y 2,750 millones de dólares, lo que se trasladaría al consumidor en forma de aumentos de tarifas eléctricas o de mantener las tarifas sin cambios de manera artificial a través de subsidios, lo que implica un costo social, pues ese dinero podría financiar gasto público en otros rubros prioritarios como salud o en educación. Actualmente, en México el subsidio eléctrico asciende a 70 mil millones de pesos anuales, equivalente a nueve veces el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (PEF, 2021).

Además, este cambio en la prelación del despacho de energía, que favorecería a las plantas generadoras de electricidad basadas en energías fósiles, provocaría un aumento en las emisiones contaminantes de entre 19 y 28 millones de toneladas al año. Se estima que cerca de 29 mil muertes prematuras y 558 mil años de vida ajustados por discapacidad de la población serían atribuibles a la mala calidad del aire en nuestro país (INECC, 2016).

Por último, México Evalúa destacó que mientras más inversión haya en el país se promueve la creación de infraestructura, empleos, tecnificación, innovación, y la posibilidad de mercados competidos. Por eso preocupa que al cierre de 2018 el sector eléctrico haya registrado una caída de 74% en inversión extranjera directa para 2019, y a septiembre de 2020 ya iba en una caída con relación al cierre de 2018 equivalente a 82%.

En resumen, la iniciativa, además de ser inconstitucional y contraria a compromisos internacionales, favorece la generación de energía más costosa y más contaminante; socava oportunidades de inversión y empleos para México.

“Compartimos la convicción de que México requiere un mercado eléctrico fuerte, pero estamos seguros de que regresar a un modelo monopólico no es el camino para superar los desafíos del siglo XXI. Necesitamos un modelo que fomente la innovación para tener energía limpia y asequible, que nos lleve a un desarrollo sustentable. Esperamos que este Parlamento Abierto sea un espacio de intercambio genuino de ideas, datos y propuestas objetivas que contribuyan a clarificar la visión del sector que nuestro país requiere, así como la mejor vía para materializarla en beneficio de todos los mexicanos, los de hoy y los de mañana”, remató.