El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado respetuoso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal para revisar la competencia del juez Juan Pablo Gómez Fierro al conceder la suspensión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica a un día de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.
A través de una misiva dirigida al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, instó a que se lleve a cabo una investigación para determinar e informar si al juez Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, le correspondía aplicar o no dicha suspensión.
“Desde luego, se respeta el derecho de amparo, la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial; la libertad de los ciudadanos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo, nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general porque estos grupos solo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público, (…) tenemos que representar un gobierno para todos”, enfatizó.
Durante la conferencia de prensa matutina el mandatario recordó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no busca eliminar la posibilidad de hacer negocios legales con ganancias razonables, sino apoyar y fortalecer la economía popular.
“Ya no el saqueo, ya no el robo, siempre en el marco de la legalidad, con un auténtico Estado de derecho, no con la simulación”, remarcó.
El objetivo, dijo, es garantizar que el costo de la luz no incremente como sucedía en administraciones anteriores debido a los precios elevados y subsidios que el consumidor final tenía que pagar a las empresas proveedoras de la Comisión Federal de Electricidad.
Reconoció que el Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura Federal, realiza cambios al interior para evitar las prácticas que promueven la corrupción.
“A mi me gustaría que se hiciera un análisis sobre cuántos jueces, magistrados y ministros han sido enjuiciados, sobre todo la época posrevolucionaria; cuántos han sido castigados, durante el periodo neoliberal: muy poquitos”, expresó.
