El 13 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027. Entre sus disposiciones, una incide de manera directa en el sector de los combustibles y en la materia de controles volumétricos: la nueva fracción XIX del artículo 25.
Leticia Villeda Suárez, Consejera Legal en CalPro.
I. Qué se publicó y cuál fue la intención del Legislador
La fracción XIX establece que las personas distintas de los fabricantes, productores e importadores que enajenen combustibles automotrices y combustibles fósiles del tipo gasolinas y diésel estarán obligadas a aplicar las cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) –previstas en los artículos 2o., fracción I, incisos D) y H), numerales 3 y 5, y 2o.-A de la LIEPS– sobre la diferencia positiva que resulte de restar, a las unidades de combustible enajenadas en el mes, las unidades adquiridas en ese mismo mes, sin estímulo, disminución ni acreditamiento alguno.
En otras palabras: si un sujeto enajena más combustible del que adquirió, esa diferencia se grava. El impuesto se calcula y paga mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente, y no se traslada al adquirente ni se incluye en el precio.
Las consideraciones plasmadas por el Legislador en los dictámenes son explícitas en cuanto a la intención: no se trata de una medida recaudatoria sobre quien ya tributa como productor o importador –a quienes no se modifica su tratamiento–, sino de un mecanismo de control y trazabilidad. El objetivo es que la autoridad fiscal cuente con herramientas para identificar a quienes enajenan más combustible del que adquieren –el patrón característico del mercado ilícito– y lograr la correcta aplicación del impuesto en la enajenación e importación de estos productos. Por eso, el gravamen opera sobre la diferencia y no se traslada: funciona como un candado, no como un impuesto al consumo.
Cabe señalar que la medida opera levantando una exención. Hasta ahora, quien no es fabricante, productor ni importador –el comercializador o distribuidor que revende combustible ya gravado– estaba exento de volver a pagar IEPS por esa enajenación, conforme al artículo 8o., fracción I, inciso c), de la LIEPS. La fracción XIX retira esa exención para estos sujetos a partir del 1 de julio de 2027, pero no para gravar toda su reventa: solo la diferencia positiva entre lo que venden y lo que compran. Así, la reventa legítima y documentada queda en ceros, y lo que se grava es el combustible que aparece en la venta sin respaldo de adquisición. Conviene subrayar que la disposición llegó al decreto publicado sin cambios respecto de la iniciativa: ni la Cámara de Diputados ni el Senado modificaron el texto del artículo 25, fracción XIX, a lo largo del proceso legislativo.
II. Implicaciones favorables para el sector
Aunque se perciba primero como una carga, la medida trae lecturas positivas para los operadores que cumplen. La primera es de piso parejo: al gravar la diferencia positiva entre compras y ventas, la norma golpea precisamente a quien introduce producto de origen no acreditado –combustible que aparece en la venta pero no en la adquisición documentada–. Para el operador formal, que compra y vende lo mismo y lo tiene medido, la diferencia tiende a cero y el efecto económico es neutro. La medida, en los hechos, encarece la operación irregular y nivela la cancha para quien ya opera en regla.
La segunda es de certeza: la ley se apoya en información que el contribuyente ya está obligado a generar –controles volumétricos, CFDI y pedimentos–, de modo que no crea un sistema de reporte paralelo, sino que da consecuencia fiscal a datos existentes. Quien tiene su medición y su trazabilidad en orden parte con una ventaja defensiva clara frente a una eventual revisión.
La tercera es de maduración del mercado: el diferimiento al 1 de julio de 2027 otorga una ventana real para ordenar instrumentación, sistemas y procesos antes de que el incumplimiento tenga costo directo.
III. Cómo cohabita esta obligación con los controles volumétricos ya existentes
La fracción XIX no crea una obligación nueva de controles volumétricos: se apoya en la que ya existe. El texto faculta expresamente a las autoridades fiscales a revisar la determinación de la diferencia tomando en cuenta el control de existencias y con base en los controles volumétricos que el contribuyente está obligado a llevar en términos del artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación, además de los comprobantes fiscales y los pedimentos.
Ese es el cambio de fondo. Hasta ahora, el control volumétrico era, ante todo, una obligación de registro y reporte: medir, registrar entradas, salidas y existencias, y conservar la información como parte de la contabilidad. Con la fracción XIX, ese mismo control volumétrico se convierte en la base de cálculo y el medio de prueba de un impuesto. Lo que antes era un requisito formal pasa a determinar, directamente, cuánto se paga.
La consecuencia práctica es que las dos obligaciones dejan de poder llevarse por separado. El dato volumétrico que se reporta mes a mes y el cálculo de la diferencia gravada deben ser uno y el mismo, consistentes entre sí y con los CFDI y pedimentos. Una discrepancia entre lo medido, lo facturado y lo declarado deja de ser una observación menor: se vuelve el punto exacto donde la autoridad determina diferencia positiva –y, por tanto, impuesto–. El control volumétrico que está bien llevado protege; y el mal llevado expone.
IV. La importancia de llevar los controles volumétricos a cabalidad
Si el control volumétrico se vuelve prueba fiscal, la calidad con que se implementa deja de ser un tema interno: no se reduce a medir bien, sino a que cada capa –la medición, el software que la registra y la verificación que la respalda– sea técnicamente defendible ante la autoridad. Llevar los controles volumétricos “a cabalidad” significa, entonces, algo más que tener un sistema que genere reportes. De ahí la importancia de apoyarse en proveedores de primer nivel.
¿Qué debe tomar en cuenta el contribuyente al elegirlos? Al menos tres atributos, que conviene exigir de manera articulada y no por separado.
Trazabilidad metrológica real. Que los instrumentos de medición estén calibrados por un laboratorio acreditado y que sus lecturas sean trazables a patrones nacionales, no estimaciones. Y aquí conviene afinar, porque “laboratorio acreditado” dice menos de lo que parece: la acreditación se otorga por magnitud –flujo, presión, temperatura, densidad, masa–, de modo que cada instrumento debe calibrarse en un laboratorio acreditado precisamente para la magnitud que mide.
Un proveedor con acreditación amplia, que cubra las distintas magnitudes involucradas en la operación, evita el contrasentido de medir con instrumentos calibrados fuera del alcance acreditado. Igual de importante es que la calibración entregue la incertidumbre de medición asociada: ante una diferencia positiva marginal, esa incertidumbre es parte de la defensa, porque distingue una diferencia real de una que cae dentro del margen del propio instrumento. Es lo que permite sostener, ante una revisión, que el volumen reportado corresponde a lo efectivamente medido.
Integridad del dato y software probado en seguridad. Que el software de controles volumétricos impida la manipulación de los registros y concilie medición, inventario y comprobación fiscal. Esto no se da por sentado: el programa debe haber sido sometido a pruebas de seguridad que acrediten que resiste alteraciones, que registra de forma íntegra y que sus controles de acceso y trazabilidad de cambios funcionan –las mismas funcionalidades de seguridad que exige la normativa fiscal para estos sistemas–.
Conviene recordar que estos sujetos ya estaban obligados a llevar controles volumétricos; lo que cambia con la fracción XIX es que ese mismo control, antes usado para registro y reporte, se vuelve la base de cálculo de un impuesto. Por eso un sistema que “cumplía en forma” pero medía con holgura deja de ser suficiente: lo que antes era una inconsistencia tolerable, ahora determina diferencia positiva y, con ella, impuesto. E, idealmente, que el software se ajuste a la operación concreta de cada contribuyente, porque un patio de autoconsumo, una estación de servicio y un comercializador no miden ni reportan igual.
Verificación competente. Que la inspección y los dictámenes provengan de una unidad de inspección con la competencia técnica acreditada para respaldarlos. Y conviene ser exigente con qué significa “competencia” aquí, porque la acreditación formal puede ocultar diferencias de fondo. Evaluar un control volumétrico abarca dos dominios distintos –el metrológico, de la medición y sus patrones, y el de los sistemas informáticos que registran y resguardan el dato–, y cada uno exige un perfil especializado.
Toda unidad de inspección declara ambas competencias; lo que no es igual es cómo las cubre: no es lo mismo un verdadero experto por cada rama que una sola persona que dice dominarlas todas. Un metrólogo no audita la seguridad de un software con la misma solvencia que un especialista en sistemas, ni al revés. Exigir que detrás de cada dominio haya un experto propio –y no un “todólogo”– es lo que distingue una verificación que de verdad respalda frente a una que solo cumple el requisito en el papel.
Un último punto que conviene no perder de vista: cumplir las obligaciones del SAT en materia de controles volumétricos no equivale automáticamente a tener una medición trazable y defendible. Un sistema puede generar los reportes correctos y, aun así, alimentarse de instrumentos mal calibrados. La obligación formal se cumple en el papel; la diferencia gravada se gana o se pierde en la calidad real de la medición.
La Ley de Ingresos 2027 no inventó el control volumétrico; le subió el peso específico. A partir del 1 de julio de 2027, la medición deja de ser un asunto de registro para volverse la base de un impuesto. Un control volumétrico sólido y defendible, con respaldo técnico real, es lo que separa a quien puede acreditar sus volúmenes de quien tendrá que pagar por lo que no logre explicar.






