Los bonos verdes pueden ser alternativas para que los gobiernos locales impulsen acciones y proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático y, al mismo tiempo, reporten beneficios a la población, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
El estudio titulado “Bonos verdes y financiamiento de proyectos públicos locales”, apunta que, dada la escasez de recursos públicos, es necesario identificar nuevas fuentes de financiamiento de proyectos de infraestructura específica que ofrezcan seguridad y un rendimiento atractivo a los inversionistas.
En ese sentido, los bonos verdes se han convertido en una alternativa para el impulso de dichos proyectos; sin embargo, se requiere de una estrecha colaboración entre los gobiernos federales, locales y los sistemas financieros público y privado, subraya el documento del IBD.
Actualmente, el potencial de los bonos verdes está sujeto a barreras de política, de mercado e institucionales que limitan su desarrollo como son la falta de conocimiento sobre los beneficios de los bonos verdes; falta de guías locales; costos para cumplir los requerimientos de los bonos verdes; escasez de calificaciones, índices y listas de bonos verdes; insuficiente oferta; dificultades para que los inversores internacionales accedan al mercado local e insuficientes inversionistas locales.
Bajo este tenor, la investigación destaca el papel de la banca de desarrollo para resolver las fallas del mercado, el tamaño limitado del mercado y la atracción de capital privado y de inversionistas institucionales.
La llegada de los bonos verdes a México ocurrió en medio del compromiso adquirido para producir hasta 35 % de la electricidad total con energías renovables para 2024. En el país, Rotoplas y BBVA Bancomer han incursionado en este tipo de instrumentos, así como el gobierno de la Ciudad de México y FIRA (este último para financiar proyectos de agricultura protegida).
