En agosto de 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace lograron la suspensión definitiva del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), emitido el 29 de abril, y de la Política de Confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener), publicada el 15 de mayo, los cuales abordaban el tema de generación de energía eléctrica.
Para Anaid Velasco, coordinadora de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Acuerdo y la Política de Cenace y Sener significaban un retroceso en el uso e implementación de las energías renovables en el país. Asimismo, la especialista aseguró que la motivación principal para promover el amparo, junto con Greenpeace, fue cumplir con el derecho humano a un medio ambiente sano.
“Hemos trabajado desde hace más de 10 años en el cambio climático, viendo la forma de lograr la mitigación y la adaptación desde un enfoque en derechos humanos”, señaló en entrevista para Global Energy. Velasco Ramírez, quien ha coordinado la implementación del derecho humano al agua a nivel nacional, así como el uso del Sistema Nacional de Cambio Climático en tres entidades del país, refirió que la publicación del Acuerdo del Cenace generó preocupación.
“Vimos que había muchas alertas desde el punto de vista formal del acuerdo. Además había una falta de fundamentación; la motivación era bastante inadecuada. Se nos hizo erróneo que el gobierno federal usara el pretexto del COVID-19 y la falta de confiabilidad como motivos para suspender las pruebas preoperativas de proyectos eólicos y solares, particularmente, y al mismo tiempo, fomentar las centrales eléctricas que funcionan principalmente a base de combustóleo”, indicó.
El CEMDA, de acuerdo con la especialista, planteó realizar la demanda cuando notó que los Acuerdos y la Política de Cenace y Sener violaban el derecho humano al medio ambiente sano, así como a los compromisos que tiene el país en acuerdos internacionales y a la Contribución Prevista y Determinada (NDC). La autora de diversas publicaciones para la Oficina en México del Alto Comisionando de las Naciones Unidas aseguró que un tercer argumento para demandar fue la afectación al derecho a la salud.
“Se iba a emitir más CO2 y otras emisiones que afectan la calidad del aire, sobre todo por la cantidad de combustóleo. Esto se agravó el 15 de mayo cuando vemos lo que publica la Sener, entonces la Política de Confiabilidad reafirma esta intención de frenar las renovables bajo la excusa del estándar de confiabilidad, uno de los muchos estándares que tendría que cumplir la generación eléctrica. Entonces ampliamos el contenido de la demanda, ya que la Política genera más obligaciones y no parece una política, parece una regulación”, explicó.
Aseguró que las especificaciones de la Política de Confiabilidad de Sener desdeñaban la entrada y el uso de energías renovables, las cuales son una de las formas de reducir las emisiones contaminantes además de que ayudan a conseguir la sustentabilidad. Además, dijo que el Acuerdo y la Política calificaban a las energías renovables como intermitentes. Afirmó que los documentos de Sener y Cenace retrasaban el cumplimiento de las metas para contrarrestar el cambio climático.
Según Velasco Ramírez, el CEMDA se decidió a colaborar con Greenpeace porque ambos trabajaron de manera estrecha en este tema, “tenemos una agenda similar en cambio climático y nos pareció que unir nuestros esfuerzos ayudaría a visibilizar la importancia del tema. Se dieron muchos amparos por falta de certidumbre, inversiones y demás. El tema de medio ambiente y salud no estaba tan visible y eso nos impacta a todos”, señaló.
En junio de 2020, Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó una suspensión definitiva a favor de Greenpeace y que frena por tiempo indefinido la aplicación del Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la política de la Secretaría de Energía (Sener) en materia de generación de energía eléctrica, emitidos respectivamente el 29 de abril y el 15 de mayo del presente año. Sin embargo, la demanda del CEMDA cayó en el Primer Juzgado, especializado en el tema económico, y se resolvió en agosto de este año.
La especialista del CEMDA, quien trabaja desde 2005 en temas relacionados con el derecho ambiental, resaltó que lo conseguido tras las demandas es quitar el freno a las energías renovables; indicó que también se obtuvo un reconocimiento al derecho humano a un medio ambiente sano y subrayó que es muy importante que estos derechos estén en el radar del Poder Judicial.
“Para nosotros esta suspensión definitiva nos da esperanza de que el Poder Judicial tenga en el radar estos temas y que justamente se analice toda medida política, en este caso Sener y CENACE, bajo criterios que cumplan con los derechos, entre ellos el del medio ambiente”.
Finalmente, Anaid Velasco comentó que, ante la emergencia climática y sanitaria, hay muchas lecciones aprendidas. “Debemos revisar la forma como hacemos política y las prioridades que debemos tener. Desde antes la ciencia nos había dicho cuál es el camino para reducir estas emisiones y ahora se confirman en este contexto; México tendría que estar a la altura y responder. CEMDA está presente en foros con el sector privado, con el gobierno, con la academia y comunidades. Somos neutrales y tratamos de ser objetivos”, concluyó.
