Juan Pablo Vega Arriaga, empresario vinculado al sector marítimo, ha puesto en el ojo del huracán a la política de México como resultado de su estrecha relación con el actual senador por Morena, Adán Augusto López Hérnandez, y al recibir dos créditos por un total de 21 millones de dólares por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) en 2020 y 2023, destinados a su empresa Naviera Integral.
Los préstamos han levantado sospechas sobre su crecimiento desmedido, así como por su actual participación en operaciones nacionales, debido a que estos fueron otorgados mientras la compañía era objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en relación con presuntas operaciones de trasiego ilegal de hidrocarburos en el Golfo de México, que derivaron en el aseguramiento de dos embarcaciones y el decomiso de más de 40 mil litros de diésel.
Las empresas Naviera Integral y Naviera Petrolera Integral, ambas vinculadas a Vega Arriaga, han sido contratistas de Pemex Exploración y Producción (PEP) desde hace más de una década. De acuerdo con reportes, estas compañías han recibido más de 6 mil millones de pesos en contratos públicos en los últimos siete años, incluyendo más de 4 mil millones durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y más de 2 mil 100 millones en el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum.
Entre los contratos adjudicados destacan el 648221864 por 112 millones de pesos, el 648222868 por 185 millones, y el 648222806 por 101 millones, todos asignados para servicios logísticos en plataformas petroleras. La asignación de estos recursos ha generado cuestionamientos sobre los criterios de financiamiento y contratación pública en el sector energético.
Vega Arriaga ha sido identificado como cercano al exgobernador de Tabasco y actual senador Adán Augusto López Hernández, quien reconoció públicamente conocerlo desde hace cinco o seis años, aunque negó vínculos empresariales. “Es una relación únicamente de trato personal”, ha declarado el legislador tras ser consultado sobre el caso, en diversas ocasiones.
Hasta el momento, no se ha reportado resolución judicial en contra del empresario ni de sus compañías; sin embargo, éstas cuentan actualmente con carpetas de investigación activas, las cuales han sido apeladas por parte de Vega Arriaga alegando su inocencia.
Ante esta situación, el caso ha reactivado el debate sobre la supervisión de los mecanismos de financiamiento público y la transparencia en la asignación de contratos en sectores estratégicos como el energético.
