En un país comprometido con fortalecer sus ingresos públicos sin implementar nuevos impuestos, es crucial abordar de raíz las prácticas que minan los recursos fiscales. En este escenario, el huachicol no solo representa un desafío para las finanzas nacionales, sino que también compromete la calidad y trazabilidad de los hidrocarburos que circulan en nuestro territorio. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) hace frente a un entorno financiero crítico: durante el tercer trimestre de 2024[1], reportó una pérdida neta de 161.5 mil millones de pesos, cifra significativamente superior a los 79.1 mil millones de peso perdidos en el mismo periodo de 2023.  Esta situación se ve agravada por factores como la depreciación del peso y la reducción de ingresos, pero hay un problema estructural que impacta tanto a Pemex como a las finanzas públicas: el huachicol. 

En el sector de los hidrocarburos, la recaudación fiscal desempeña un papel esencial para fortalecer las finanzas públicas y garantizar el desarrollo de proyectos estratégicos. Sin embargo, alcanzar estas metas se ha convertido en un desafío debido a problemas como el huachicol, un fenómeno que no solo pone en jaque la seguridad energética, sino que también impacta de manera directa los ingresos gubernamentales, afectando tanto la calidad como la cantidad de los combustibles disponibles.

El costo fiscal del huachicol: una realidad en números[2]

Según estimaciones recientes, el huachicol fiscal representa una variación entre lo exportado por Estados Unidos e importado en México de 40 millones de litros diarios de combustible.[3] Esta cifra revela un desfalco monumental en términos de ingresos fiscales, particularmente en los impuestos al consumo, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que son esenciales para sostener programas sociales y obras de infraestructura.

A partir de los reportes del 2024, se puede dimensionar el impacto del robo de combustible en las arcas públicas:

• IEPS: con una tasa promedio de $5 por litro, el gobierno pierde alrededor de $200 millones diarios, lo que equivale a $73,000 millones al año.
• IVA: basándonos en un precio promedio de $25 por litro y una tasa del 16%, el impacto fiscal del IVA asciende a $160 millones diarios, es decir, $58,400 millones al año.

En conjunto, estas pérdidas representan más de $131,400 millones anuales, una cantidad que podría destinarse a sectores prioritarios como salud, educación y seguridad.

Por otro lado en el 2024, el huachicoleo sigue drenando las finanzas nacionales con pérdidas que ya alcanzan los $14,972 millones de pesos en solo nueve meses. Mientras el Gobierno presume avances, los ductos de Pemex continúan siendo saqueados a un ritmo alarmante, con 4,700 barriles robados cada día y un total de 10,396 tomas clandestinas registradas en el país. Hidalgo lidera esta crisis con 2,450 perforaciones ilegales, seguido de Jalisco y Tamaulipas, donde el crimen organizado mantiene el control sobre una actividad que, lejos de disminuir, se ha convertido en un negocio paralelo al del propio Estado.

Sumando la sangría financiera provocada tanto por el huachicol fiscal como por el robo en tuberías e instalaciones, la pérdida total asciende a 146 mil 372 millones de pesos[4]. Esta cifra equivale al 53% de los recursos destinados a los proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo de la CFE y PEMEX, los cuales suman 273 mil millones de pesos, según el Presupuesto de Egresos 2025. Además, representa el 93% del presupuesto asignado a la infraestructura ferroviaria, que asciende a 157 mil millones de pesos, y supera en más de cuatro veces los recursos destinados a la infraestructura en el sector salud, que suman 31 mil 986 millones de pesos. Como último punto de comparación, esta pérdida equivale al 90% del presupuesto de la Beca Benito Juárez, que para 2025 cuenta con una asignación de 132 mil millones de pesos.

¿Dónde está la falla?

A pesar de la creación del Anexo 30 y 31 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal (RMF), que busca regular los controles volumétricos y reforzar la fiscalización, las pérdidas por huachicol y huachicol fiscal continúan siendo significativas. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo es posible que un marco regulatorio tan robusto haya sido insuficiente para frenar estas prácticas ilegales?        

Desde un punto de vista personal, su impacto en la lucha contra el huachicol y el huachicol fiscal ha sido limitado debido a una deficiente implementación por lo que se refiere a auditorías superficiales, extensión de prórrogas para su cumplimiento por parte de los contribuyentes, una confianza excesiva en los sistemas informáticos sin garantizar su correcta supervisión y, destacadamente, falta de rigor en las evaluaciones de las competencias técnicas de las unidades de inspección las cuales inspeccionan a los contribuyentes, lo que ha permitido que el problema en cuestión persista.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto especial énfasis en sancionar a los contribuyentes que incumplen con la entrega de los reportes JSON diarios en estaciones Pemex y mensuales en estaciones de marca extranjera, argumentando la importancia del cumplimiento fiscal en los controles volumétricos. Sin embargo, resulta contradictorio que no aplique sanciones a quienes operan sin los certificados que garantizan la correcta funcionalidad de los programas utilizados para estos reportes.          

Esta omisión genera discrepancias en la calidad y veracidad de la información reportada, poniendo en entredicho la efectividad de la fiscalización. Al centrarse en el cumplimiento documental, la autoridad deja de lado la validación técnica, fundamental para garantizar que los sistemas operen conforme a la normatividad. Es urgente que el SAT no solo requiera el envío de datos, sino que también verifique que estos provienen de sistemas certificados y en pleno funcionamiento. De lo contrario, el control volumétrico corre el riesgo de convertirse en una mera formalidad sin sustento real, afectando la cadena de valor y dificultando la identificación del origen de actividades ilícitas.

Sobre las competencias técnicas de las unidades de inspección

El Anexo 30 y 31 de la RMF da los criterios técnicos y obligaciones que deben cumplir los contribuyentes en materia de medición y controles volumétricos para el almacenamiento, distribución y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, entre otras actividades reguladas. Estos criterios establecen las características que los informes de evaluación emitidos por las unidades de inspección deben contener.

En materia de sistemas de medición, se debe evaluar –por mencionar algunos rubros– terminología metrológica, Sistema Internacional de Unidades, mecánica de fluidos, la estimación de la incertidumbre, termodinámica, cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y biocombustibles, magnitudes de influencia, computadores de flujo, entre muchos otros.

En materia de sistemas informáticos, debe evaluarse –y que esto sea constatable en el informe de evaluación– sobre: diseño de software, hardware de equipo informático, desarrollo de componentes de software para manejo de dispositivos, tecnologías de redes de área local, tecnologías de comunicaciones, seguridad informática y base de datos.

Como es posible desprender de lo anterior, el Anexo 31 de la RMF prevé la evaluación de disciplinas completamente distintas entre sí, lo que corresponde al estudio de rubros y vidas profesionales 180º separados entre sí, lo que hace prácticamente imposible que en una sola persona se reúnan todas estas competencias técnicas de manera profunda y especializada. Y sin embargo, las unidades de inspección acreditadas muestran que su personal inspector está acreditado en ambas especialidades.

Adicionalmente, el mismo anexo 31 señala que se evaluará también el conocimiento sobre regulación y normatividad del anexo 30 (Punto 30.7), que consiste en más de 130 normas con estándares de medición de hidrocarburos líquidos y gaseosos utilizados en los controles volumétricos. Estas normas incluyen metodologías para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos, procedimientos para la gestión de la incertidumbre de medición, así como criterios de trazabilidad metrológica y compatibilidad con estándares regulatorios internacionales, lo que engrosa el acervo de conocimientos que debe reunir el personal de una unidad de inspección, y es por eso que resulte lógico que deba existir, al menos, un inspector en cantidad de hidrocarburos líquidos y gaseosos (cada producto con su respectivo grado de complejidad) y un inspector que evalúe los programas informáticos para evaluar a los contribuyentes de toda la cadena de valor de hidrocarburos; y por consiguiente, que sea absolutamente cuestionable que una sola persona englobe todos estos conocimientos al momento de llevar a cabo una inspección en controles volumétricos.

En este sentido, resulta preocupante que las entidades de acreditación certifiquen a una sola persona para evaluar sistemas de medición, sistemas informáticos y demás normatividad técnica en temas de funcionalidad, seguridad informática y en materia de controles volumétricos, pues, si bien esta sola persona podría contar con conocimientos superficiales de cada rubro, los anexos de la RMF –inspirados por una necesidad económica y social apremiante– exigen conocimientos altamente especializados y distintos entre sí. En concreto, desde mi experiencia, un inspector de sistemas informático no posee las competencias necesarias para llevar a cabo evaluaciones en medición y viceversa, o al menos no con el rigor y profundidad que requiere la normatividad vigente.

Adicionalmente, es crucial que las entidades de acreditación generen procesos más transparentes en sus evaluaciones, para garantizar que las unidades de inspección cuenten con personal plenamente capacitado y con un dominio absoluto de la normativa aplicable en su rama, evitando la asignación de personal no calificado.

Hablar que esto distorsiona los precios del mercado y al ser una sola persona la que hace las evaluaciones es más barato el servicio, por lo que al momento de una licitación, quien se lleva los concursos son las unidades de inspección menos preparadas en vez de a los más preparados técnicamente y ahí es donde se genera el problema de la persistencia de huachicol, huachicol fiscal, evasión fiscal, actividades ilícitas, etc.

Conclusión

Estas cifras reflejan el enorme impacto económico del huachicol fiscal y el robo de combustible, cuyos montos perdidos podrían financiar proyectos estratégicos de infraestructura, salud y educación en el país. La magnitud de esta sangría financiera subraya la urgencia de reforzar las medidas de control, fiscalización y seguridad en el sector energético para evitar que estos recursos sigan drenándose en perjuicio del desarrollo nacional.

Si no se toman medidas contundentes, el país seguirá enfrentando un desfalco silencioso que limita su capacidad para invertir en infraestructura, salud y seguridad. La solución no está en crear más regulaciones, sino en hacer cumplir de manera efectiva las que ya existen, con acreditaciones rigurosas, profesionales y transparentes e inspecciones confiables.

El huachicol no solo es un problema de evasión fiscal, sino un reflejo de deficiencias estructurales en la supervisión y cumplimiento normativo del sector. A pesar de los esfuerzos regulatorios, la falta de rigor en sancionar a los contribuyentes incumplidos en la certificación de la correcta operación de equipos y programas informáticos y la grieta en implementación de los Anexos 30 y 31 de la RMF han permitido que estas prácticas ilegales persistan, afectando tanto la recaudación como la calidad del combustible que llega al consumidor.

No basta con normativas bien diseñadas si su aplicación es deficiente y además la continuidad del huachicol evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión y profesionalización de las unidades de inspección; es momento de replantear los criterios de certificación.

Finalmente vale la pena exigir también a las entidades de acreditación estándares más altos para sus expertos técnicos; solo así será posible asegurar que las unidades de inspección sean evaluadas con respecto a la normativa vigente y de esta forma combatir las prácticas ilegales y garantizar un mercado energético más justo y seguro.

[1] Petróleos Mexicanos (Pemex). «Resultados Preliminares al 30 de septiembre de 2024.» Pemex. https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Webcast%203T24.pdf.

[2] Díaz Mora, Sebastián. «Por cada litro de gasolina se paga 40% de impuestos.» El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/economia/litro-gasolina-paga-40-impuestos-20250113-741830.html

[3] Onexpo Nacional A.C. «Comunicado Onexpo | Consideraciones en materia de precios.» Onexpo Nacional. https://www.onexpo.com.mx/COMUNICADOS/COMUNICADO-ONEXPO-CONSIDERACIONES-EN-MATERIA-DE-PRECIO_shPtq/ 

[4] Gobierno de México. “Presidenta Claudia Sheinbaum asegura que presupuesto para 2025 es muy completo y balanceado” Presidencia de la República. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-asegura-que-presupuesto-para-2025-es-muy-completo-y-balanceado