Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta actualmente el mercado eléctrico en México es la incertidumbre regulatoria. Luego de cinco años de maduración, hoy en día el mercado no tiene claro si habrá estabilidad en las reglas del juego, lo cual ha afectado la llegada de nuevos participantes, y con ello de nuevas inversiones.
De acuerdo con Fernando Zendejas, exsubsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, a este panorama de dificultades para el mercado se ha sumado la iniciativa enviada para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual en su tercero y cuatro transitorios dice, respectivamente, que la Comisión Reguladora de Energía revisará y, en su caso, revocará permisos de autoabastecimiento, y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá renegociar o, en su caso, hasta rescindir contratos de producción independiente de energía.
“En un Estado de Derecho que respeta derechos adquiridos, compromisos y contratos ya firmados, no es posible revocar permisos y terminar contratos o rescindirlos por decreto, y eso es lo que podría ocurrir con esta iniciativa. Eso evidentemente tendría visos de inconstitucionalidad, en virtud de que implicaría una aplicación retroactiva de una disposición legal en violación del Artículo 14 de nuestra Carta Magna”, explicó, respecto a lo que tiene que ver con el régimen previo a la LIE.
En entrevista para Global Energy, el profesor de derecho energético de la UNAM comentó que, por su parte, quienes ya participan en el mercado bajo la Ley de la Industria Eléctrica sufrirían, como lo describió el Consejo Coordinador Empresarial, una expropiación indirecta en el momento en el que se cambie el despacho eficiente por otras reglas que no dice explícitamente el texto de la reforma, pero que en la exposición de motivos asigna un orden de prelación dividido en cuatro categorías: en primer lugar hidroeléctricas propiedad de CFE, en segundo lugar todas las demás tecnologías de esa empresa, en tercer lugar plantas particulares con tecnología renovable y en último lugar, plantas particulares con ciclo combinado.
“Esto evidentemente llevaría un menoscabo a los generadores en virtud de que hoy generan dependiendo del precio que hay en un determinado momento del día y de la demanda que hay en ese momento. El CENACE decide por orden ya establecido, con base en este despacho eficiente quién genera, quién va a ser despachado y quién tendrá que esperar.
“Esa modificación también implicaría un fuerte impacto en los precios de la energía, en virtud de que dentro del parque de generación de la Comisión Federal de Electricidad hay de todas las tecnologías y también de todos los precios. Habrá plantas que sean muy eficientes y baratas, pero habrá otras que sean muy costosas y contaminantes; esas últimas hoy no generan salvo que el Sistema esté en sus picos de demanda y sea indispensable para satisfacer la demanda, pero en todos los demás momentos se puede optar por fuentes de generación más económicas”, subrayó.
En este sentido, detalló que si de entrada hasta la planta más cara de CFE tiene que generar antes de que entren las renovables y de ciclo combinado privadas, invariablemente el precio de la electricidad subirá, y si las tarifas por decreto se van a mantener en un mismo nivel, de algún lado tendrá que salir el dinero para pagar esa energía más costosa, y muy probablemente implicará mayores transferencias fiscales a CFE, por lo que si los mexicanos no lo pagamos vía tarifa lo pagaremos vía impuestos.
“Aquí la prioridad debería ser el tener energía suficiente al mejor precio cumpliendo con la legalidad, respetando los contratos y sobre todo, aprovechando el gran potencial en generación renovable que tiene este país para cumplir adicionalmente con nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático; sin embargo, si la prioridad es que CFE sea monopólica, entonces habrá que estar conscientes de que habrá mayores emisiones contaminantes y que el costo será mayor”, destacó.
