La experta aseguró además que México depende de Estados Unidos en cuanto a la producción de gas, un combustible esencial en la producción de energía eléctrica para la CFE

Por Diego Aguilar

Con Claudia Sheinbaum Pardo, México entró en una nueva etapa de su política eléctrica, aseguró Ana Lilia Moreno, quien es especialista en energía de México Evalúa. Para la experta, en los últimos años se dio un viraje que inició desde un esquema abierto a la inversión privada, como el impulsado en la administración de Enrique Pena Nieto, hacia un modelo de planeación centralizada encabezado por el Estado. Ahora, existe una redefinición en la forma en que se desarrollan los proyectos, así también la velocidad, los costos y la capacidad del sistema para responder a la demanda futura.

La especialista describió este momento actual como la consolidación de un modelo híbrido que recoge la visión que no logró materializarse con la reforma constitucional propuesta por Andrés Manuel López Obrador en 2022 y que fue retomada por Claudia Sheinbaum en 2024, primero en su iniciativa constitucional y después en las leyes secundarias.

“El modelo anterior era abierto, cualquiera que tuviera capital y capacidad técnica podía participar, con un enfoque más de libre mercado y conectado con las necesidades de la industria”, explicó Moreno en entrevista.

En contraste, señaló que el nuevo esquema apuesta por una rectoría fuerte del Estado mediante planeación vinculante, el gobierno federal define dónde deben instalarse las nuevas centrales para cubrir déficits regionales y generar impactos sociales. La diferencia, subrayó la experta, no es menor, ya que dijo que antes el Estado era orientador y regulador; y actualmente es centralizador y planificador.

Explicó que el diseño incluye una regla tácita, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe acompañar prácticamente todos los proyectos. Aunque dijo que actualmente el reparto entre generación pública y privada (54.46% contra 45.54%) no ha frenado las manifestaciones de interés en nuevas convocatorias, señaló que en el largo plazo puede convertirse en un freno estructural.

“Es una camisa de fuerza para el sistema. Puede impedir que los proyectos se detonen con más agilidad y velocidad”, advirtió Moreno, al señalar que el sector privado también requiere interlocución con gobiernos locales para acelerar permisos y trámites, algo más complejo cuando toda la arquitectura pasa por la empresa estatal.

El reto, aseguró, se amplificó por las condiciones macroeconómicas, con un crecimiento cercano a cero en el primer año del sexenio y una demanda eléctrica que históricamente ha avanzado 3.5% anual, el gobierno proyecta ahora un aumento de apenas 2.5%. La planeación central funciona mejor, reconoció la especialista, cuando la economía crece poco, porque los déficits son más fáciles de identificar, aunque destacó que este equilibrio “es frágil”.

A esto se sumó un problema estructural, Moreno mencionó la ineficiencia del propio sistema eléctrico y explicó que ahora las pérdidas técnicas y no técnicas representan alrededor de 12% del consumo neto nacional, aunque destacó que el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico plantea reducirlas a sólo 8% hacia 2039.

“La estrategia es poco ambiciosa, disminuir apenas cuatro puntos porcentuales en más de una década es insuficiente”, lamentó Moreno.

El tema, dijo la entrevistada, es sensible también para las finanzas públicas, ya que explicó que la decisión del gobierno de mantener bajos los precios al consumidor final obligó a sostener y ampliar subsidios. “Eso implica una presión enorme para el presupuesto y depende totalmente de qué tan eficiente sea el sistema”, dijo la especialista.

En este contexto, aseguró que la Secretaría de Energía (Sener) ha mostrado una postura más pragmática que en el sexenio anterior. “Sí hay una disposición más enfática a detonar proyectos mixtos, antes estaban prácticamente satanizados por la dirección de CFE y por el propio Presidente”, reconoció Moreno. Sin embargo, la burocracia interna amenaza con diluir ese cambio.

“Este modelo requiere muchos permisos, reuniones internas y procesos administrativos. En ese ir y venir se nos van los días, los meses, los años. Sí veremos proyectos en 2026, pero a una velocidad menor que la de 2014 a 2017”, anticipó.

T-MEC, litigios y reforma judicial: el frente legal que inquieta a los inversionistas

El rediseño del sector eléctrico ocurre mientras se acumulan riesgos en el frente jurídico y comercial. De acuerdo con Ana Lilia Moreno, empresas del sector han expresado su preocupación por la litigiosidad heredada y por la desaparición de tribunales especializados tras la reforma judicial.

“Hay muy poca certeza sobre cómo se van a resolver los conflictos: falta independencia, faltan capacidades y los jueces especializados ya no están”, señaló Moreno. A esto se añadió la renegociación del T-MEC y la narrativa proteccionista del presidente estadounidense Donald Trump.

“No sabemos en qué términos vendrá incluido el sector energético ni qué oportunidades reales se abrirán para proyectos en Norteamérica”, dijo. La experta advirtió que los cambios administrativos aplicados desde 2019 alteraron de facto las reglas del juego para inversionistas que apostaron por México tras la reforma de 2013.

“Hubo embudos en permisos, discrecionalidad y criterios no compartidos. Eso generó pérdidas para empresas que confiaron en el país y abre la puerta a arbitrajes internacionales empresa contra Estado”, sostuvo.

Además de este difícil panorama, Moreno alertó sobre la vulnerabilidad energética de México en hidrocarburos, ya que señaló que el país depende ampliamente del gas natural estadounidense para su generación eléctrica e industria.

“Somos altamente dependientes del gas de Estados Unidos y no veo a una industria nacional detonando para sustituirlo”, explicó. En un escenario de tratado bilateral con Washington, el gas sería una de las cartas centrales. “Trump quiere vender gas. Somos prácticamente su cliente preferido”, afirmó.

También señaló que persiste la fragilidad en petrolíferos. La refinería de Dos Bocas aún no alcanza su capacidad óptima y las refinerías existentes operan con limitaciones técnicas, mientras la disponibilidad de crudo nacional disminuye, lo que podría obligar incluso a importar petróleo para refinar.

Sobre el tema comercial, la experta comentó que la nueva política arancelaria mexicana hacia productos chinos, con tasas de hasta 35%, encarecería componentes clave para el sector energético, incluidos los que utiliza la propia CFE, elevando costos de inversión y operación.

Sin embargo, no todas las proyecciones son negativas. Moreno destacó que es optimista para el desarrollo de México y su sector energético en 2026, observando una oportunidad en energías renovables. “Si se crea un mecanismo sólido de protección a la inversión, podríamos ver una ola de proyectos renovables que fortalezca la matriz energética”, dijo.