Por David Madero 

La disponibilidad de gas natural, a precios competitivos, es uno de los factores que definen el valor y la eficiencia con la que se producen bienes manufacturados en el mundo actual. El gasto de energía es uno de los tres o cinco costos más importantes para cualquier empresa, y el suministro seguro, confiable y eficiente de electricidad y gas natural es clave para que sus operaciones sean continuas y rentables.

El crecimiento sostenido de la productividad nacional a largo plazo depende, en parte, de la capacidad del sector energético para ofrecer fuentes de energía seguras, confiables, relativamente baratas y cada vez más limpias.

Actualmente, México se beneficia de los bajos precios del gas natural en América del Norte. Las plantas térmicas de generación eléctrica reducen sus costos con gas natural a bajo precio; un combustible que es una fuente de energía más limpia que los combustibles fósiles alternativos disponibles y, por lo tanto, juega un papel importante como combustible de transición hacia un futuro más limpio.

Además, México todavía tiene reservas y grandes recursos prospectivos de gas natural sin explotar en formaciones convencionales en tierra y en las aguas territoriales del Golfo de México, así como en formaciones no convencionales en el norte de México que se necesitan poner a producir.

Para aprovechar al máximo esta circunstancia favorable, se necesitan regulaciones adecuadas para toda la cadena de valor. El país ha avanzado en este rubro durante la última década y tiene leyes, regulaciones e instituciones relativamente nuevas diseñadas para reducir los conflictos de intereses, aumentar la transparencia en la contratación, profesionalizar el transporte y, en general, mitigar las fallas del mercado.

En el transporte y la distribución de hidrocarburos, por ejemplo, las nuevas organizaciones, normas y reglamento se diseñaron para fomentar la competencia y reducir los márgenes de ganancia de comercialización. Gracias a ellos se ha avanzado, a paso desigual entre los combustibles, para abrir opciones que ya benefician a los consumidores.

El recientemente ampliado sistema de gasoductos de transporte de gas natural en México también es una fortaleza. El país tiene un esquema mixto público y privado de gasoductos. El Estado opera un gran porcentaje de los gasoductos del país y las empresas privadas operan de forma independiente cada vez más gasoductos recientemente construidos en el noroeste, el centro y el Golfo de México. La expansión sin precedentes del transporte de gas natural ha ampliado el rango geográfico del gas natural y el potencial de importación requerido para satisfacer la demanda en casi todas partes donde llegan los gasoductos.

La red de gasoductos y el almacenamiento de gas natural todavía tienen margen para crecer y volverse más sofisticados. El país necesita suministrar a la Península de Yucatán con todo el gas natural que demanda actualmente, y expandir el alcance de los gasoductos a algunos Estados del sur del País que todavía no se han beneficiado de contar con disponibilidad de este combustible para fomentar desarrollo económico, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

México también requiere almacenamiento de gas natural para aumentar la confiabilidad del suministro. Además, los gasoductos propios del CENAGAS deben de usar plenamente la tecnología de sistemas de control a distancia para reducir sus costos de operación y mantenimiento, así como ofrecer operaciones más seguras y confiables.

En exploración y producción, el mayor desafío también es tecnológico. El conjunto de técnicas recientemente desarrolladas por los estadounidenses para la perforación horizontal y la fracturación hidráulica no se han probado a plenitud en los recursos no convencionales de México. Una gran oportunidad de negocio podría presentarse si estas tecnologías logran producir gas natural a precios competitivos en México, con los más altos estándares de seguridad y sostenibilidad, bajo las regulaciones adecuadas.

Las fortalezas y desafíos actuales del gas natural requieren que todos los órdenes de gobierno, las empresas y los consumidores colaboren para aumentar la eficiencia de toda la cadena de valor. Trabajando juntos, la inversión pública y privada en infraestructura y tecnología de transporte y almacenamiento mejorará la seguridad y la confiabilidad, reducirá los costos y alcanzará efectivamente a todos los Estados y regiones con este combustible. La colaboración ordenada de todos para llevar a cabo ajustes a leyes y reglamentos continuará aumentando la competencia en toda la cadena de valor, mejorando la competitividad nacional y, en última instancia, beneficiando al consumidor.