La transformación del modelo energético en las economías emergentes requiere del diseño de políticas públicas integrales que logren equilibrar la soberanía del Estado con los compromisos internacionales de mitigación del cambio climático y la eficiencia en el suministro industrial. La administración federal de los Estados Unidos Mexicanos presentó el Plan de Crecimiento de Energías Renovables, un instrumento estratégico de planeación que proyecta la adición de 32 GW de capacidad instalada a la red nacional hacia el año 2030, determinando de forma mandatoria que el 70 por ciento de este volumen, equivalente a 22 GW, corresponderá a fuentes de generación limpia.

El despliegue de esta infraestructura crítica demandará una inversión agregada de 739,000 millones de pesos y tiene como propósitos centrales robustecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, disminuir los índices de quema de combustóleo y diésel, y reducir de forma paulatina la dependencia de las importaciones de gas natural para los ciclos combinados.

La estructura financiera delineada por la Secretaría de Energía detalla un modelo de coinversión que salvaguarda la rectoría del Estado en las actividades de generación y transmisión de fluidos. La distribución de los 739,000 millones de pesos previstos para el programa establece que el 42.6 por ciento de los activos se desarrollará bajo modalidades de esquemas mixtos, el 36.6 por ciento se fondeará mediante el uso de recursos propios de las finanzas públicas y el 20.8 por ciento restante se abrirá a los mecanismos de participación de la inversión privada regulada.

Esta matriz de financiamiento permitirá cumplir la meta gubernamental de conservar el 61 por ciento de la propiedad y control de la generación eléctrica total al cierre del actual sexenio, proyectando que para el año 2030 el 38 por ciento de toda la electricidad consumida en el territorio nacional provenga de vectores renovables diversificados.

El desglose técnico de los incrementos de capacidad por tecnología revela una reconfiguración profunda del inventario de la Comisión Federal de Electricidad, estimando un crecimiento del 140 por ciento en el segmento fotovoltaico, del 90 por ciento en el aprovechamiento de recursos geotérmicos, del 70 por ciento en la infraestructura eólica y del 18 por ciento en el parque hidroeléctrico nacional, este último impulsado a través de programas de modernización, sustitución de turbinas y mantenimiento mayor en las presas operativas.

Las autoridades regulatorias confirmaron que actualmente se encuentran en diferentes fases de construcción un bloque de 50 centrales fotovoltaicas que aportarán de manera conjunta 7,859 MW, así como 17 complejos de generación eólica que sumarán 4,701 MW al sistema, restando una cuota de 2,159 MW que se encuentra en proceso de asignación técnica para completar las metas de capacidad planteadas.

La consolidación operativa de esta transición descansará sobre el desarrollo de dos proyectos de gran escala presentados por la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad como los referentes de ingeniería del plan sexenal. La primera de estas iniciativas es el complejo Oasis en el Sistema Eléctrico Mulegé, en el estado de Baja California Sur, un desarrollo híbrido que acoplará una central solar de 72 MW con sistemas de almacenamiento en baterías de 20 MW y celdas de combustible alimentadas por hidrógeno verde para dar estabilidad a una red aislada.

El segundo eje corresponde a la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado en Puerto Peñasco, Sonora, una obra que dispone de dos fases operativas que suman 420 MW de paneles y 72 MW de almacenamiento, con una tercera etapa de 300 MW en proceso de construcción, la cual al concluir su cuarta fase alcanzará una capacidad nominal de 1,000 MW y un banco de baterías de 246 MW, consolidándose mediante una inversión de 1,400 millones de dólares como la infraestructura de generación solar más grande de todo el continente americano.