Por Marcial Díaz Ibarra

El mercado mexicano de combustibles se encuentra en el umbral de una nueva era de fiscalización. El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la incorporación de medidas en el Paquete Económico 2027 para fortalecer la trazabilidad del IEPS en gasolinas y diésel trasciende la mera modificación tributaria: se perfila como el nuevo mecanismo estructural para ordenar el mercado y sofocar las operaciones irregulares.

La lógica de fondo parece sencilla: permitir que la autoridad siga la huella del combustible y su carga fiscal a lo largo de toda la cadena, desde su producción o importación hasta su venta final en bomba. Sin embargo, detrás de esta premisa subyace un problema mucho más complejo.

El 2 de septiembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, canceló la capacidad de emitir facturas a 2,205 empresas comercializadoras que, según sus hallazgos, vendían combustible de procedencia ilícita. La cifra impacta por sí sola, pero cobra una relevancia crítica cuando se contrasta con la información pública del sector energético: actualmente existe un universo aproximado de solo 714 permisos de comercialización otorgados, entre los cuales conviven diversos estatus (vigentes, reactivados, caducados y terminados por sentencia).

Frente a esta disparidad, la pregunta resulta inevitable: ¿quiénes son realmente las 2,205 empresas señaladas por el SAT?

Evidentemente, no estamos comparando universos simétricos. Una entidad puede realizar actos de comercio sin contar con un permiso energético de comercialización emitido por la autoridad regulatoria. Es, precisamente en esa brecha operativa, donde radica buena parte del problema.

Del permiso a la trazabilidad integral

Durante años, el debate regulatorio del sector se redujo a una verificación binaria: ¿tienes permiso?

Ese paradigma ha quedado obsoleto. El nuevo modelo de supervisión apunta a interrogantes considerablemente más complejas: ¿de dónde proviene el producto?, ¿quién lo importó o produjo?, ¿quién lo comercializó?, ¿cómo se transportó?, ¿qué volúmenes se recibieron y entregaron?, ¿cuadran los volúmenes con los CFDI emitidos?, ¿qué reportan los controles volumétricos? y, finalmente, ¿se enteró correctamente el IEPS correspondiente?

La verdadera fiscalización comienza cuando todos estos datos se cruzan en tiempo real. Este es, quizás, el punto de quiebre que introducirá el Paquete Económico 2027. La autoridad fiscal posee la inteligencia tributaria; las autoridades energéticas administran los permisos y la operatividad; y los sistemas aduanales y de transporte registran el movimiento físico de la molécula. Cuando estas bases de datos comiencen a comunicarse de forma automatizada, las inconsistencias quedarán expuestas de inmediato.

Una empresa podrá tener sus facturas en regla, pero si adquiere producto de un proveedor sin autorizaciones vigentes, quedará comprometida. Otra podrá ostentar un permiso válido, pero manejar volúmenes incompatibles con su capacidad operativa reportada. Las discrepancias entre los litros comprados, transportados, almacenados, facturados y vendidos dejarán de ser sombras para convertirse en alertas fiscales.

El IEPS como herramienta de control sistémico

Interpretar esta iniciativa únicamente como un afán recaudatorio sería un error de lectura. El IEPS está llamado a convertirse en el eje articulador para reconstruir la historia documental de cada litro que circula en el país.

En un ecosistema donde convergen productores, importadores, almacenistas, transportistas, distribuidores, comercializadores, estaciones de servicio y grandes consumidores, el rastreo documental representa un desafío titánico, pero también la herramienta más potente contra la informalidad y el mercado negro. El objetivo final es construir una «huella digital» del combustible, capaz de vincular de manera unívoca volumen, origen, permiso, transporte, comprobante fiscal, cadena de custodia e impuestos.

2027: El cambio de reglas de juego

La industria debe analizar con extrema cautela el desarrollo del próximo Paquete Económico. La fiscalización del futuro inmediato no dependerá prioritariamente de visitas de inspección físicas, sino del cruce algorítmico de información y la detección instantánea de discrepancias interinstitucionales.

Esto redefine drásticamente el concepto de cumplimiento regulatorio (compliance). Ya no basta con auditorías internas que confirmen que la empresa tiene sus papeles al día; ahora será indispensable auditar integralmente la cadena de valor con la que se opera. La debida diligencia sobre proveedores, transportistas y clientes dejará de ser una recomendación de buenas prácticas para transformarse en un pilar indispensable de la gestión de riesgos corporativos. Una operación formalmente pulcra puede desplomarse si alguno de los eslabones previos o posteriores rompe la cadena de trazabilidad.

El mensaje que envía la autoridad es contundente: cada litro tendrá que certificar su origen, su ruta, su comercializador y su pago de impuestos.

Si el Paquete Económico 2027 logra traducir esta ambición en un sistema tecnológico e interinstitucional efectivo, el mercado mexicano de combustibles vivirá una de sus transformaciones más profundas en décadas. Llegado ese momento, la pregunta ya no será “¿tienes permiso?”, sino una mucho más determinante:

¿Puedes acreditar la historia completa de cada litro que comercializas?