El conflicto en Irán ha desencadenado un impacto significativo en las economías de América Latina, provocando un aumento en los precios de la energía y alimentos, así como una depreciación generalizada de las monedas en países clave como México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Este entorno ha elevado las expectativas de inflación y ha generado un endurecimiento de las condiciones financieras globales.

De acuerdo con el Banco de España, las principales economías de la región enfrentan niveles de deuda elevados, con probabilidades inferiores al 30% en Brasil y al 20% en México para estabilizar sus pasivos. Esta situación reduce considerablemente el margen fiscal disponible para absorber el impacto del aumento en los costos energéticos.

El precio del petróleo, que ha subido cerca de un 60% desde finales de febrero, se ha convertido en un factor determinante. Mientras países exportadores como Brasil y Colombia experimentan mejoras en ingresos fiscales y términos de intercambio, economías importadoras como Chile y Perú enfrentan mayores presiones inflacionarias y deterioro en sus balanzas comerciales.

En el frente fiscal, se estima que México podría obtener ingresos adicionales equivalentes al 1.4% del PIB, seguido por Chile con 1.1%, Perú con 0.5%, Colombia con 0.4% y Brasil con 0.2%. Sin embargo, estos beneficios se ven parcialmente compensados por el aumento en los costos de financiamiento y la volatilidad externa.

El contexto también ha frenado el dinamismo financiero observado en 2025, cuando la región alcanzó emisiones récord superiores a 56,000 millones de dólares. La incertidumbre geopolítica ha cambiado las expectativas del mercado, incluso anticipando posibles subidas de tasas en países como Chile y Perú.

En este escenario, los gobiernos latinoamericanos enfrentan el reto de equilibrar subsidios, estabilidad fiscal y control inflacionario, en un entorno donde la volatilidad energética global redefine las perspectivas económicas de la región.