Juan Arellanes es profesor de Geopolítica y Desafíos Globales en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México. Posee experiencia en docencia, investigación y consultoría en temas medioambientales, urbanos y energéticos. Su área de especialidad académica es la seguridad energética y la geopolítica del petróleo.
El funcionamiento de la economía mundial descansa sobre un hecho fundamental que con frecuencia se pierde de vista: la producción, el transporte, la urbanización y, en última instancia, la reproducción material de la vida social, dependen de flujos continuos de energía, principalmente hidrocarburos, que circulan a través de redes logísticas altamente integradas. Estos flujos se encuentran físicamente materializados en oleoductos, buques-tanque, refinerías y corredores marítimos que conectan regiones productoras con centros de consumo. La estabilidad del sistema económico global no depende únicamente de la disponibilidad de recursos energéticos, sino de capacidad de acceder a tales recursos por medio de las infraestructuras que permiten su circulación. La interrupción de estos flujos puede generar efectos negativos desproporcionados en la economía mundial.
El sistema económico global se sostiene, en última instancia, sobre una premisa que hoy debería cuestionarse: la energía siempre estará disponible. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la continuidad del flujo de petróleo (y también del gas) no fue resultado de la paz, de la estabilidad política o económica o de la autorregulación del mercado, sino de una arquitectura de poder capaz de gestionar múltiples riesgos. Dicha arquitectura, hegemonizada por Estados Unidos, se ha basado en una presencia militar abrumadora, el control de rutas marítimas, dominio financiero y capacidad de coerción sobre nodos críticos. El Golfo Pérsico ha sido la máxima expresión de esa lógica: un espacio geopolíticamente inestable que, sin embargo, permitía, cada día, el flujo de millones de barriles de petróleo y combustibles líquidos, de decenas de miles de toneladas de fertilizantes y de cientos de millones de metros cúbicos de gas natural licuado.
Esa premisa, “la energía siempre estará disponible”, se asumió como normalidad. Pero no es una condición natural, sino una construcción política. En los últimos años hemos escuchado hablar de la transición energética a renovables, del auto eléctrico, del abandono de los combustibles fósiles, de la proximidad del máximo nivel de demanda de petróleo. Pero el petróleo sigue siendo esencial en el transporte, la agricultura, la minería, la petroquímica y la industria intensiva en energía. Sin petróleo, la civilización no podría existir tal como la conocemos. El problema no es que no haya petróleo (aunque los mayores yacimientos de petróleo convencional están en proceso de agotamiento), sino que su circulación desde el Golfo Pérsico ya no está garantizada.
La guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero no es sólo un conflicto regional centrado en el programa nuclear iraní. Es una confrontación por el control de los flujos energéticos globales. En última instancia, es una lucha por la capacidad de condicionar el acceso al recurso estratégico más importante: el petróleo. El alto al fuego anunciado el pasado 6 de abril y las posteriores negociaciones entre Irán y Estados Unidos no constituyen un intento genuino de desescalada, sino una pausa táctica dentro de una guerra más amplia. Las sanciones financieras, la presión sobre los circuitos de pagos y el despliegue de un bloqueo naval en el Océano Índico contra Irán, por parte de Estados Unidos, deben entenderse como instrumentos de coerción económica, geopolítica y militar que no sólo buscan contener a Irán, sino reconfigurar el equilibrio de poder global, particularmente en relación con China, que se ha convertido en el mayor importador de petróleo crudo.
Esta dinámica recuerda la lógica histórica del bloqueo naval, pero en una forma híbrida. En la geopolítica clásica, el control de rutas marítimas ha sido un elemento decisivo del poder estatal, en la medida en que permite condicionar el acceso a recursos, mercados y flujos estratégicos. Los puntos de estrangulamiento (chokepoints) funcionan como espacios donde vastos sistemas logísticos se comprimen en corredores estrechos y altamente vulnerables. El control de estos puntos permite ejercer un poder desproporcionado sobre la economía global. Sin embargo, ese mismo poder introduce una fragilidad sistémica: cuando el flujo se interrumpe, no sólo se afecta al adversario, sino al conjunto del sistema que depende de su continuidad. Hoy en día, la afectación es el conjunto de la economía global.
En décadas recientes, esta lógica de bloqueo físico se ha articulado con el control de infraestructuras financieras y regulatorias que han permitido a Estados Unidos ejercer una forma de “bloqueo institucional”. El resultado es un dispositivo híbrido de poder, en el que la capacidad de interrumpir flujos materiales se combina con la posibilidad de excluir actores de los circuitos económicos globales, amplificando así el alcance y las consecuencias de la coerción. En eso han consistidos los “bloqueos” a Irán, Venezuela y Corea del Norte. Estados Unidos esperaba que el bloqueo institucional funcionara contra Rusia, pero no fue así.
Lo que está emergiendo en el Golfo Pérsico es una situación más compleja: una dinámica de “bloqueo mutuo” en la que ambos actores instrumentalizan la interdependencia del sistema energético global como arma. Irán, mediante la disrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz, con la amenaza y el hundimiento de buques, busca presionar a los aliados de Estados Unidos y trasladar costos políticos y económicos hacia Occidente. Irán no aspira a controlar flujos globales desde el Golfo Pérsico, ni tampoco puede obtener rentas de tránsito canalero (como Panamá o Egipto). Aspira a obtener una renta de coerción que sirva de compensación a los daños en su territorio provocados por Israel y Estados Unidos. Lo que Irán intenta hacer tendría un fundamento jurídico muy ambiguo. Pero si lo logra (o no) no dependerá de lo que diga la ley, sino del resultado de la guerra.
Por su parte, Washington intenta bloquear las exportaciones iraníes y los flujos financieros asociados, con la expectativa de afectar indirectamente a China. No obstante, este bloqueo es imperfecto: disuade, pero no impide por completo los flujos. Esta situación puede dirigir a una escalada progresiva hacia formas más agresivas de interrupción del flujo. La hegemonía estadounidense ha descansado en su capacidad de garantizar la seguridad de estas rutas. Pero ahora parece transformarse de garante de la circulación energética a agente de su disrupción.
La dimensión más profunda del conflicto es la militar-industrial. La guerra ha evidenciado límites estructurales de las economías avanzadas para sostener campañas de alta intensidad. El rápido agotamiento de municiones e interceptores indica una base productiva menos robusta que lo que sugiere el poder financiero. En un escenario de guerra de desgaste, la ventaja es para quienes sea capaz de mantener el ritmo y hacer daño sin colapsar. La guerra deja de ser únicamente una confrontación tecnológica para convertirse en una prueba de resistencia industrial.
Los ataques a la infraestructura energética, industrial y civil en toda la región del Golfo han reducido de manera significativa la producción y exportación de petróleo y gas, generando un shock de oferta sin precedentes. Este shock no se limita a un aumento de precios, sino que amenaza con evolucionar hacia escasez física de energía, disrupciones logísticas, contracción económica y tensiones financieras globales. Lo que está en juego es la integridad del metabolismo energético de la economía mundial
