Por Rocío Abreu
Senadora de MORENA
Para nadie es un secreto que Petróleos Mexicanos, (Pemex) enfrenta problemas operativos derivado de la falta de inversión por falta de capital, un ejemplo claro es que no se invierte lo suficiente en infraestructura que le permita aprovechar el metano que hoy envía a la atmósfera, ya sea quemado o no, ya que diversos estudios científicos internacionales han concluido que dichas emisiones, además de dañar la salud de los mexicanos representan una fuga de dinero para la empresa del Estado.
México ha tenido grandes pérdidas debido a la quema y venteo del gas durante el proceso de producción de petróleo, de acuerdo con datos de Banco Mundial, de 2019 a 2021, en nuestro país han sido quemados 16 mil 700 millones de metros cúbicos de gas natural, lo anterior equivale a un valor de ventas de mil 923.5 millones de dólares, es decir, poco más de 37 mil 426 millones de pesos, con base en el Informe de seguimiento de la Quema de Gas en el Mundo 2022 del organismo mundial.
De este modo, el pago de Derecho por la Utilidad Compartida a Petróleos Mexicanos puede tener varias implicaciones para la empresa y su situación financiera, como son la reducción de los ingresos, lo que puede afectar su capacidad para financiar operaciones, inversiones y proyectos futuros; la presión sobre la rentabilidad, dificultando la generación de ganancias y el cumplimiento de sus objetivos financieros; las inversiones y exploración, derivado de la disponibilidad de fondos para inversiones y exploración, ya que puede disminuir debido al pago de derechos, afectando la capacidad de Petróleos Mexicanos para llevar a cabo actividades de exploración de nuevos yacimientos de petróleo, así como cumplir con la política de almacenamiento de gas, y modernizar sus instalaciones y equipos existentes.
Por lo que urge reducir la tasa del 54 por ciento a una de 40 por ciento, lo que implica una reducción de 14 puntos porcentuales en la tasa aplicable al Derecho por Utilidad Compartida que tributa Petróleos Mexicanos. El endeudamiento representa, para la empresa productiva del Estado, dificultades para pagar su deuda existente o para acceder a nuevos préstamos, lo cual genera un aumento en su carga financiera y limita su capacidad para financiar sus operaciones.
Si bien, desde hace dos ejercicios fiscales se ha contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación esta reducción, por ubicarse en una Ley de vigencia anual, no se garantiza su continuidad, ya que dicha propuesta siempre está sujeta a su inclusión en el texto anual aprobado por el Congreso de la Unión, por ello, la propuesta de reformar la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos a fin de buscar de fortalecer financieramente a Petróleos Mexicanos, en su carácter de empresa productiva del Estado, tendría beneficios no solo para la propia empresa, sino para todo lo que representa el ingreso y buen funcionamiento dentro del sector hidrocarburos.
Apenas hace unas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que evalúa el margen que se tiene para poder reducir más la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), esto con el fin de continuar apoyando a la petrolera tal como lo ha indicado, en diferentes ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante décadas, Petróleos Mexicanos, (Pemex) ha sido el pilar más importante de nuestra economía, hoy sigue siendo la paraestatal más importante en el desarrollo económico de nuestro país. Sabemos que, para el ejercicio fiscal de 2022, se propuso un cambio en el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, en dicho documento se estableció la posibilidad de modificar durante 2022, la tasa aplicable al Derecho de Utilidad Compartida que paga la empresa productiva del Estado al Fondo Mexicano del petróleo, siendo este el principal gravamen pagado por esta.
Con este cambio se buscó, por un lado, fortalecer las finanzas de Petróleos Mexicanos, y por otro, continuar con la despetrolización de la economía mexicana, al reducir la carga fiscal de la empresa, resaltando que la disminución de 14 puntos porcentuales al Derecho por la Utilidad Compartida fue aprobada en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022 por el Congreso de la Unión y publicada el 12 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
En este sentido, es de analizar que, para aplicación de esta medida, el Derecho por la Utilidad Compartida pagada por Petróleos Mexicanos, en su carácter de asignatario, durante el año 2021, con una tasa aplicable de 54 por ciento fue de 232 mil 262.8 millones de pesos, mientras que para el ejercicio fiscal de 2022 ya con una tasa aplicable del 40 por ciento se pagaron 172 mil 46 millones de pesos, lo que significó una reducción en la carga fiscal de la empresa por 60 mil 216 millones de pesos.
Sin embargo, la reducción del monto que Petróleos Mexicanos paga derivado del Derecho por la Utilidad Compartida, calculado en 60 mil 216 millones de pesos, serviría para incrementar hasta 3 veces lo invertido en mantenimiento por la empresa durante 2022. Asimismo, podría cubrir una quinta parte de la inversión que realizó Petróleos Mexicanos en el rubro de infraestructura económica, ayudando así, a destinar más a este ramo para el desarrollo de más programas o proyectos.
Petróleos Mexicanos ostenta una deuda consolidada al cierre de diciembre de 2022 de 2 billones 052.1 mil millones de pesos, sin contar los intereses, si bien, el crecimiento de la deuda se detuvo en el presente sexenio, la evolución de este indicador durante la presente administración demuestra la enorme necesidad que tiene la empresa productiva estatal de contar con un nuevo régimen fiscal que le permita operar.
Te puede interesar
Aprovechamiento de gas natural: oportunidad para el desarrollo energético nacional
Las Candidatas: Nuestras Velitas Prendidas para la Inclusión en Energía
