Luis Vielma Lobo (*)
A lo largo de la historia las sociedades de diversos países latinoamericanos han tratado de organizar un Estado democrático que llama la atención por las contradicciones y paradojas que lo sustentan. El concepto de democracia, en esas naciones está asociado a la concepción particular de cada gobernante, a sus paradigmas o patrones de pensamiento, determinados estos por las experiencias vividas durante sus etapas de vida.
El fundamento principal de estas contradicciones lo representan el balance entre libertad y orden, el cual es interpretado a su manera por quienes ostentan el poder; y en esta región de Latinoamérica, en particular, predomina el orden impuesto por algún grupo, hasta que es sustituido por otro. Los resultados observados no son nada alentadores, desde los puntos de vista político y social, pues en las últimas cuatro décadas muestran países con niveles de empobrecimiento cada día más altos y sistemas políticos invadidos por la corrupción.
La desconfianza existente entre los diferentes actores representantes de la sociedad, como lo son el sector empresarial, los trabajadores, el sector público y los consumidores, constituye el principal factor de desequilibrio y cuyos efectos en el desarrollo de los países ha sido letal. En muchos casos los inversionistas nacionales buscan opciones en el exterior, hecho que contrasta con la llegada de capitales extranjeros, atraídos por los beneficios y privilegios que el gobernante de turno les ofrece, especialmente si estos provienen de países identificados con sus paradigmas ideológicos.
Por ello es importante entender la importancia que tienen los recursos naturales, bien sean minerales o hidrocarburos en aquellas naciones, porque la renta petrolera se convierte en su principal activo, como soporte al estatismo, es decir, que cualquier vacío que el mercado pueda tener, debe ser llenado con la intervención del Estado. Como consecuencia de ello, se generan regulaciones y controles excesivos en los servicios públicos, e inclusive la participación del gobierno en actividades industriales y comerciales.
Aquellos países de la región favorecidos por la naturaleza con recursos minerales e hidrocarburos, ofrecen un espacio interesante de discusión para tratar de entender la dicotomía riqueza vs pobreza. Debido a esta circunstancia, estos países cuentan con ingresos extraordinarios asociados a la renta petrolera (impuestos varios), no obstante, mantienen un comportamiento consistente en relación con los niveles de pobreza de la población y a ello se suman factores como la pandemia que seguimos viviendo, la cual ha contribuido, desafortunadamente, a empeorar las cosas.
Haciendo un símil, en estos países el Estado es como una mina, la cual genera ingresos para sus trabajadores (los ciudadanos), participen o no en las actividades productivas de la misma. La principal inversión de esta mina son los programas sociales que reciben sus trabajadores, así como los subsidios destinados a la salud, educación y vivienda, pero, se promueven prácticas tóxicas que propician la existencia de casos como el crecimiento inusitado del clientelismo y la viveza popular, así como la corrupción de muchos funcionarios públicos.
Así que un factor que debería ser fuente de soluciones a problemas sociales se ha convertido en palanca de compensación de las ineficiencias del sistema, la cual ha transformado la renta petrolera en una fuente de empobrecimiento. Ello ha logrado, adicionalmente, el sometimiento de gran parte de la población a las exigencias de los gobernantes de turno, con lo cual se va creando una profunda frustración y dependencia hacia estos, dando lugar al mito de un “país rico y gente pobre”.
Para leer la columna completa, consulte la edición de agosto de Global Energy.
(*) Luis Vielma Lobo, es Director General de CBMX Servicios de Ingeniería Petrolera, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, AMESPAC; colaborador de opinión en varios medios especializados en energía y autor de varios libros.
