México necesita ampliar y modernizar su infraestructura eléctrica. No es una discusión nueva, pero hoy ha adquirido una dimensión estratégica para el crecimiento económico del país por factores como el aumento de la demanda, las nuevas inversiones industriales, la electrificación de procesos productivos y el desarrollo de centros de datos, los que están transformando las necesidades energéticas de distintas regiones e influyendo en decisiones concretas para los grandes consumidores.

Por Alejandro Escandón, Director General de A3Ty Uriel Lases, Director de Finanzas de A3T

Por eso, los anuncios recientes de inversión en generación, transmisión, almacenamiento y redes son una señal positiva. Sin embargo, comprometer recursos no garantiza que la infraestructura se construya, pues entre el anuncio y la operación existe un proceso técnico, regulatorio y financiero que debe convertir una necesidad real en un proyecto bancable.

El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional contempla incorporar 32,475 MW de nueva capacidad de generación hacia 2030, con una inversión estimada cercana a 739 mil millones de pesos. De ese total, 11,896 MW se desarrollarían con recursos propios de CFE, 13,830 MW mediante esquemas mixtos y 6,750 MW con inversión privada. Una parte relevante de la expansión dependerá, por tanto, de movilizar y estructurar capital público y privado. Por eso es importante preguntarse sobre qué condiciones permiten que ese capital se comprometa.

Un proyecto puede ser técnicamente sólido y responder a una demanda comprobable para que se coloquen recursos. También debe quedar claro quién comprará la energía, qué tan predecibles serán los ingresos, cuánto costará construir, en qué plazo se recuperará la inversión y cómo se distribuirán los riesgos si cambian las condiciones. Y es ahí donde la planeación energética se cruza con la financiera.

Para las empresas consumidoras, la energía ha dejado de ser un tema operativo o de costos. Su disponibilidad, precio y confiabilidad forman parte de la evaluación inicial de cualquier expansión relevante. En Querétaro, una de las regiones con mayor desarrollo de centros de datos y nuevas inversiones industriales, se estima que el consumo eléctrico per cápita podría crecer cerca de 44% entre 2024 y 2038, mientras que la mediana empresa y la gran industria representarían más del 80% del consumo regional. En este entorno, la eficiencia energética puede reducir la intensidad de consumo, pero difícilmente compensará por sí sola el crecimiento esperado, por lo que estas nuevas cargas exigen desarrollar capacidad adicional de generación, transmisión, almacenamiento y distribución.

Para quienes desarrollan infraestructura, la ecuación se observa desde el lado opuesto, al exigir grandes desembolsos y periodos largos de recuperación. Por ello, quien financia requiere visibilidad razonable sobre ingresos, costos, permisos, construcción y operación.

En México, esta situación abre una oportunidad de financiamiento particularmente relevante. El volumen de energía que se requerirá da forma a un sector que resulta atractivo por el tamaño de la demanda potencial, la vida útil de los activos y la posibilidad de generar flujos estables, siempre que existan contratos sólidos, permisos, acceso a red y una asignación clara de riesgos.

El reto es generar suficientes proyectos financiables para canalizar con disciplina y oportunidad. Actualmente, una planta industrial que prevé una demanda relevante y sostenida no representa sólo una carga adicional para el sistema. Cuando esa demanda tiene escala, calidad crediticia y horizonte contractual, puede convertirse en el ancla que dé sustento a nueva infraestructura.

Al mismo tiempo, las empresas pueden optimizar su perfil energético mediante gestión activa de la demanda, almacenamiento detrás del medidor, automatización, generación distribuida y programas de respuesta a la demanda. Estas herramientas mejoran competitividad y resiliencia, pero no eliminan la necesidad de ampliar el sistema, obligando a incorporar la estrategia energética desde el inicio de sus decisiones de inversión.

Esperar a que una nueva planta esté casi lista para resolver su abastecimiento puede ser demasiado tarde. En proyectos de alto consumo, la conversación sobre capacidad, conexión, contratos y soluciones complementarias debe comenzar desde las primeras etapas de planeación.

También conviene distinguir entre inversión anunciada e inversión ejecutada, ya que la prueba real llega cuando el proyecto obtiene financiamiento, inicia su construcción, se conecta y entra en operación. Además de contabilizar megawatts anunciados y montos comprometidos, conviene observar cuántos proyectos alcanzan cierre financiero, inician construcción y entran en operación. Esos hitos muestran si el país está convirtiendo sus necesidades de infraestructura en activos reales.

Desde la perspectiva empresarial, se necesita energía disponible y competitiva para crecer. Desde la financiera, se requiere certidumbre suficiente para comprometer capital durante periodos largos. Vincular ambas necesidades será una de las tareas centrales del desarrollo energético de México.